REVISTA ANUAL ACCIÓN Y REFLEXIÓN EDUCATIVA, N° 45

enero, 2020

ISSN L 2664-377

Elementos de formación ciudadana presentes en los programas de pregrado de la Universidad de Guadalajara, México

Elements of Citizenship Education Included in Undergraduate Programs at the Universidad de Guadalajara, Mexico

Abstract

This research includes an analysis of the opinions expressed by 182 students. The sample was administered through an online survey to both male and female students, mostly between 20 and 21 years old, from 13 higher-level programs, who study at the Universidad de Guadalajara, a Mexican state university. The topics analyzed were the elements of citizenship training that students identified within the curricular and extracurricular activities and the importance they give to citizenship training in their professional profile. The objective was to contrast the intentions embodied in institutional policies regarding citizenship education and the reality perceived by students. The questions asked to the students were about the inclusion of topics related to Ethics, Human Rights, Inclusion, Environmental Care and Social Responsibility in their professional training. The study was conducted with undergraduate students of the University Center for Economic-Administrative Sciences, the most populated of the Universidad de Guadalajara, one of the largest state universities in Latin America. The findings allow us to affirm that there is a wide gap between the institution’s objectives established on citizenship training for students and the perception they have on the daily reality on campus. To conclude, it is proposed the implementation of policies to rethink the educational model based on the definition of a graduated citizens profile.

Keywords

Curriculum, educational policies, environment, human rights, citizenship, citizenship education.

INTRODUCCIÓN

El modelo educativo en México, implementado recientemente en instituciones académicas de niveles medio superior y superior, se encuentra actualmente muy cuestionado por la sociedad al no aportar lo esperado en la formación integral de los estudiantes. En momentos en que existe una fuerte crisis de integración social, de respeto a los derechos humanos y de afectación al medio ambiente, se legitima una perspectiva pedagógica de este tipo, por tanto, las políticas institucionales deben orientarse para subsanar estos problemas que le aquejan a nuestra sociedad.

Ante la evidente desintegración del tejido social y la apatía hacia la participación ciudadana entre los ciudadanos comunes, incluso los que han tenido la oportunidad de asistir a las escuelas, se discute ampliamente sobre la pertinencia de incorporar en los planes de estudio cursos de cuidado del medio ambiente, derechos humanos y formación para la ciudadanía. En este sentido no hay concenso sobre cómo formar ciudadanos conscientes e integrados a las necesidades sociales.

Las instituciones educativas de carácter público se han enfocado en la impartición de conocimientos, mayormente de carácter genérico y, en menor grado, de tipo disciplinar, pero todos desprovistos del carácter humano de la formación integral. En consecuencia, es en el seno de la familia y en la experiencia diaria donde los individuos complementan su formación con valores de diverso tipo. Un sitio propicio para inculcar valores cívicos básicos a los futuros ciudadanos que se vean reflejados en conductas respetuosas del medio, de las leyes y de los derechos de los demás son las universidades públicas.

Una revisión de los documentos rectores del quehacer de este tipo de instituciones, tales como su declaración de misión y visión, sus planes de desarrollo institucional y las leyes orgánicas que las gobiernan, en general dan cuenta del compromiso asumido de formar a sus estudiantes en derechos y deberes ciudadanos en pro de la sociedad que es la que financia con sus impuestos la existencia de las universidades. Por ello, es pertinente conocer, desde la perspectiva de los estudiantes, las evidencias del cumplimiento de estos compromisos sociales en las actividades curriculares y extracurriculares. Al efecto, se eligió una de las universidades públicas del país con mayor cantidad de alumnos, como se describe a continuación.

El ámbito del estudio

La Universidad de Guadalajara (UdeG) es una institución pública que imparte educación media superior, superior y de posgrado. Es la universidad del estado de Jalisco, uno de los más importantes en México. En él viven 8´197,483 habitantes, de los cuales 2´105,567 están entre los 15 y los 29 años. El 33.9 % de la población de 15 años y más cuenta con estudios de nivel medio superior y superior (Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, 2018). La Rectoría y la Administración General de la universidad están ubicadas en Guadalajara, capital del Estado y uno de los 8 municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), la cual cuenta con casi cinco millones de habitantes, la mayoría de los cuales radican en Guadalajara (Gobierno del Estado de Jalisco, 2010).

La UdeG está organizada en lo que se denomina Red Universitaria, conformada por seis centros universitarios temáticos, ubicados en la ZMG y abocados a ciencias particulares: a) Arte, Arquitectura y Diseño; b) Biológicas y Agropecuarias; c) Económico Administrativas, d) Exactas e Ingeniarías, e) de la Salud, y f) Sociales y Humanidades. Además, tiene presencia en las regiones del Estado de Jalisco con 9 centros universitarios multitemáticos. Finalmente, en la UdeG están incluidos dos sistemas, el de Educación Media Superior, que atiende a 32,369 alumnos en diferentes modalidades de bachillerato; y el Sistema de Universidad Virtual, con 4,223 alumnos de nivel medio superior, superior y posgrado, en modalidad completamente en línea. La matrícula total de esta universidad se estima que es de 287,760 alumnos. El espacio académico donde se llevó a cabo este estudio fue el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), por ser el que tiene la mayor población estudiantil en el nivel superior, con 18,633 alumnos (Universidad de Guadalajara, 2014). Esta cifra no incluye a los de nivel posgrado por no ser sujetos de esta investigación.

De forma similar a la mayoría de las universidades públicas en el país, es posible identificar en su normativa básica compromisos de crucial importancia para la sociedad. En su Plan de Desarrollo Institucional 2014-2030 (2014), la UdeG establece que:

La Universidad, como una de las instituciones más nobles, humanistas y a la vez estratégicas de la sociedad, ha dejado de ser desde hace tiempo la metáfora de una torre de marfil y se ha consolidado como una organización interdependiente vinculada con su entorno socio-económico, con responsabilidad social y como factor indispensable para el estudio y la búsqueda de solución a los problemas públicos. La universidad actual es una de las grandes y valiosas herencias del humanismo. Esa herencia le ha permitido ser un elemento fundamental en la construcción de la sociedad y le permite modelar la época que nos toca vivir. En un mundo donde la desigualdad de los individuos es abrumadora, la universidad debe contribuir al cultivo de la personalidad y la elevación del género humano, con la intención de aminorar esa creciente desigualdad (pp. 14-15).

Entre los beneficios económicos que aporta la educación superior, establecidos en el mismo plan de desarrollo, están los de carácter público: una fuerza laboral capacitada y creativa, una menor dependencia de apoyo financiero del Estado y una importante contribución al cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Por otro lado, en el mismo aspecto económico, los beneficios para los individuos son: mejores salarios y beneficios, mayores oportunidades de empleo, niveles más altos de ahorro, mejores condiciones personales de trabajo y una mayor movilidad personal/profesional.

Además, la UdeG reconoce en el citado documento que la educación superior que se imparte en sus aulas aporta beneficios sociales. A nivel público: menores tasas de criminalidad, aumento de conductas filantrópicas y de servicios a la comunidad, mejor calidad de la vida cívica, cohesión social y mayor aprecio por la diversidad, e incremento de la capacidad y uso de tecnologías. Mientras que los individuos se ven beneficiados socialmente con mejores condiciones de salud y expectativas de vida, mayor calidad de vida para los hijos, mejores decisiones de consumo, estatus personal más alto, mayor cantidad de hobbies y actividades de tiempo libre, y mayor bienestar individual y familiar.

En congruencia con lo anterior, uno de los objetivos de esta institución es la consolidación de la equidad, inclusión y garantía de los derechos humanos.

Las políticas institucionales llevadas a las aulas

En la práctica, lo que actualmente se observa es que, en general, los planes de estudio a nivel superior en las universidades públicas de México se encuentran saturados de información general y especializante, organizada de acuerdo con lo que las disciplinas y el mercado laboral demandan. Los programas deben ser acreditados y certificados por organismos nacionales e internacionales como requisito para que las instituciones puedan acceder a recursos financieros que les permitan cumplir con sus propios proyectos y presupuestos. Este tipo de auditorías no incluyen la evaluación a fondo de la formación integral. Las recomendaciones de los organismos encargados de esta tarea, en la mayoría de los casos, se limitan al contenido y la estructura.

Las asignaturas que cursan los estudiantes de los diversos programas suelen estar diseñadas para aportar conocimientos específicos de una determinada disciplina o ciencia, quedando limitados a ese espectro de conocimientos. La expectativa es que sea el medio social el que aporte los elementos relativos a los temas de valores, derechos humanos y medio ambiente.

Si la finalidad de la educación superior, como se ha establecido anteriormente, va más allá de instruir individuos para el trabajo, entonces se debe reorientar su quehacer, para lograr que aquellos sean capaces de interrelacionarse socialmente bajo parámetros éticamente correctos, ambientalmente amigables e incluyentemente humanos en la diversidad. Una estrategia para lograr esto son los cuatro pilares de la educación de Delors (1994), en los que los aprendizajes deben tener como meta la formación integral de los estudiantes a través de aprender a conocer, a ser, a convivir y a hacer.

Trabajar así requiere la integración de múltiples ejes formativos transversales en toda la currícula y plan de estudios, los cuales demandan planear para su integración los elementos que la institución determine como lo básico de su orientación. Se entiende que las definiciones institucionales se encuentran en sus documentos más importantes, a decir, el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y la Ley Orgánica de la Universidad, entre otros.

Como esta estrategia implica aspectos importantes, como valores, esto permite interrelacionar la familia y la institución educativa al reforzar mucho de lo aprendido en casa, a través de mecanismos educativos interdisciplinarios complejos que recorren toda la currícula de cualquier programa educativo. De esta forma, los ejes transversales se convierten en la base de la práctica pedagógica, al integrar las dimensiones del ser, el saber, el convivir y el hacer a través de los contenidos actitudinales, conceptuales y procedimentales presentes en todas las áreas del currículo educativo.

Cada institución imprime el sello de identidad a través de los ejes transversales, los cuales pueden representar fortalezas y oportunidades de mejora para su población objetivo. En momentos en que existe una fuerte crisis de integración social, de respeto a los derechos humanos y de afectación al medio ambiente, se legitima una estrategia para indagar hasta qué punto se ven reflejadas en las actividades curriculares y extracurriculares de los estudiantes las intenciones plasmadas en las políticas institucionales, como las de la UdeG.

Formación para la ciudadanía

En la visión liberal, un ciudadano es un individuo que cuenta con derechos civiles y políticos consagrados en las leyes. Es un concepto sociopolítico y legal de significado variable (Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, 2014). Implica tener sentido de identidad, pertenencia, responsabilidad, tolerancia y solidaridad (Merino, 2013).

El concepto ciudadano, en sus orígenes, es relativo o denota pertenencia a la ciudad, por ser ésta donde se desarrollaban la mayoría de las actividades de la polis. Asimismo, se refiere a aquel que es nacido en cierto lugar y que, por tanto, es miembro de esa comunidad organizada, tiene derechos y obligaciones plasmados en sus leyes y, en ese sentido, es parte del Estado. Al ser nacido en esa localidad y someterse a sus normas establecidas adquiere la ciudadanía, o sea, la condición y sentimiento de pertenencia a una comunidad específica, a un espacio de desenvolvimiento cívico llamada nación.

En ese sentido, esta visión liberal se ve limitada en su concepción, por varios frentes: a) implica que todo individuo nacido en una cierta nación, por ese sólo hecho tiene ciudadanía y por tanto, es un ciudadano. Esto limita la concepción de lo que entendemos por ciudadano, llevándonos a diferenciar entre ciudadano activo y pasivo, pues lo que nutre el concepto es que al ser participativo con la comunidad y bajo sus leyes, se adquiere esa membrecía; b) el concepto liberal se ha visto limitado a partir de las olas migratorias surgidas mayormente en la época de la globalización, pues grandes cantidades de población en aras de mejores oportunidades económicas se desplaza de su lugar de nacimiento y adopta como su residencia otro espacio en el que a pesar de que trabaja, paga impuestos, se somete a las leyes del lugar y demás condicionantes, no adquiere la ciudadanía, todo ello a pesar de generar ambientes civiles que fomenten el bien común.

Otra visión postula que ser ciudadano implica tener una práctica política al participar en las múltiples actividades comunitarias. Es construir una sociedad mejor en la cual nos podamos desenvolver bajo los mínimos civilizatorios. Implica contar con la totalidad de los derechos y obligaciones que en su localidad se tienen. En ese sentido, el concepto conlleva la inclusión como miembro, todo lo cual genera identidad entre los que la integran.

También, ser ciudadano es incluyente al ser parte de una comunidad, pero a la vez, es excluyente al no permitir el reconocimiento ante el Estado por el solo hecho de no haber nacido en ese lugar (Tamayo, 2010).

Distintas disciplinas, entre las que destacan la sociología política y la filosofía política, han tratado de abordar y dar explicación sobre este concepto. La primera busca esclarecer el origen histórico, su evolución y desarrollo, y el contenido de los derechos. La segunda dilucida sobre el sentido de la ciudadanía, el significado de su ser, las relaciones entre individuos y el Estado y los individuos en democracia (Olvera, 2008)

Los ambientes de ciudadanía son espacios de conflicto y negociación, tanto física como simbólica, en los que las distintas visiones son confrontadas subjetiva e intersubjetivamente para crear comunidad. Se ponen en juego los roles que cada actor ejerce ante situaciones de poder, al tomar las decisiones simples y las trascendentes. Fundamentalmente, los roles ciudadanos son valorados como tales ante los representantes del Estado y sus acciones, al negociar espacios de acción libre, ante el control de autoridad que ejerce el mismo Estado.

Las instituciones son defendidas por la autoridad como mecanismo de continuidad y control y éstos son cuestionados por los ciudadanos para lograr mayores ambientes de libertad, de acuerdo con sus expectativas. El que se dé en ambientes democráticos y se validen estos cuestionamientos habla bien de una sociedad avanzada, socialmente hablando.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, encontramos dos tipos de ciudadanos en nuestra sociedad: El que aporta a la construcción de espacios sociales que contribuyan al bien común en democracia y el que no aporta o fomenta ambientes anómalos para la sociedad. En ese sentido, al primero se le denomina ciudadanía sustantiva o activa, la cual genera prácticas y espacios sociales con identidad, lo que ayuda a la construcción social; la otra ciudadanía es la formal o pasiva (Tamayo, 2010).

La evolución de la sociedad ha motivado a que ésta se organice de acuerdo con sus necesidades y expectativas. Por lo mismo, se ha creado una nueva generación de derechos que toman en cuenta los cambios sociales. Ejemplo de ello son los derechos de las minorías étnicas que antes no contaban con el respaldo del Estado; otras son las llamadas “tribus urbanas” y el reconocimiento a los distintos géneros.

Distinto ha sucedido cuando los derechos son concedidos desde arriba, o sea, por la autoridad, la cual, por moda, la aplicación en otras latitudes del orbe o por múltiples causas, firma convenios o acuerdos y los aplica mal o solo parcialmente, ya que la sociedad no los siente como una necesidad y, por tanto, no funcionan cabalmente. Este caso ha sido una constante en Latinoamérica, en la que se han copiado modelos de países con nivel de avance democrático más alto.

Un avance importante en el reconocimiento de los derechos es el logrado con la firma del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU en diciembre de 1966, el cual se basa fundamentalmente en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en el que se menciona: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…” (Organización de las Naciones Unidas, 1948, p. 7).

Formación ciudadana es, entonces, todo proceso educativo que lleve al individuo o ciudadano a desempeñarse de manera cívica en un tiempo y espacio determinado. Por desempeño cívico debe entenderse las acciones basadas en leyes y reglas que las personas asumen como propias y que son validadas socialmente como buenas para la sana convivencia humana. Es un proceso formal de inducción a los acuerdos sociales establecidos.

Por otro lado, formación para la ciudadanía es el proceso educativo activo (Tamayo, 2010) en el que las personas que son miembros de una comunidad participan colaborando para que se generen ambientes identitarios de solidaridad también en un tiempo y espacio determinados. Lo formal es parte del concepto, pero no es condición, ya que, en esta visión se toma en cuenta la actividad transformadora de los miembros, socialmente hablando.

En relación con lo anterior, de manera particular, las universidades tienen un papel relevante en la formación de ciudadanía, pues como bien señala Moreno (2011):

La educación superior tiene como uno de sus propósitos centrales la formación integral del individuo (lo que significa cultivar todos los aspectos de la personalidad humana: física, intelectual y moral), aunque esta propuesta tiene poco de novedosa (la formación integral coincide con el ideal latino de la humanitas y con el ideal griego de la paideia), lo cierto es que actualmente existe consenso en cuanto a la necesidad de recuperar esta finalidad durante tanto tiempo relegada. Se trata de que los educandos adquieran conocimientos y desarrollen capacidades, habilidades, disposiciones, actitudes y valores que les permitan responder de forma efectiva y oportuna a los diversos problemas presentes y futuros en una sociedad cada vez más compleja y cambiante (p. 42).

De hecho, este aspecto en uno de los actuales retos de la educación superior. En las últimas décadas, la universidad, a partir de la llamada era del conocimiento, ha tenido que replantearse sus paradigmas anteriores, de manera particular en relación con la concepción y el papel que juega el conocimiento y la relación que establecen con él los alumnos y los docentes, es decir, la manera en que el conocimiento es abordado a partir de que trasmitir conocimientos dejó de ser la función principal de la universidad. Aunado a ello, entre los desafíos que estas instituciones enfrentan actualmente se encuentra, justamente, el abordaje de todos estos aspectos del desarrollo humano que, como ya se dijo líneas arriba, ha venido siendo desplazado por las exigencias del mercado. Es por ello que consideramos como una exigencia y una oportunidad, el plantearnos lo que está ocurriendo en nuestro centro universitario.

Materiales y método

Esta es una investigación de tipo descriptivo, dentro del paradigma positivista cuantitativo. La muestra intencionada estuvo conformada por 182 estudiantes, 112 mujeres y 70 hombres, alumnos de 13 de las carreras que ofrece el CUCEA. Todos fueron alumnos de asignaturas de formación básica común obligatoria, es decir, incluidas los planes de estudio de todas las materias. Además, en cada grupo de estas asignaturas hay estudiantes de diferentes grados de avance en sus carreras, debido a que pueden cursarlas con relativa flexibilidad en casi cualquier semestre. De esta forma, se logró una muestra más representativa de la población. Quienes respondieron la encuesta lo hicieron de forma anónima y voluntaria, sin ningún tipo de recompensa.

El instrumento utilizado en el estudio fue una encuesta en línea hecha con la aplicación de Google al efecto. El instrumento de recogida de datos que respondieron contenía 6 preguntas de respuesta cerrada, de opción única, para recabar las características de los sujetos. Además, contenía 10 preguntas abiertas con complementos teóricos sencillos para precisar los conceptos a los que se referían las preguntas. La encuesta se centró en los siguientes conceptos: ciudadanía, ética, derechos humanos, responsabilidad social, inclusión y cuidado del medio. Sobre ellos, indagó sobre las asignaturas que los alumnos identifican que los incluyen en sus objetivos, contenidos o actividades. Así mismo sobre la inclusión de los mismos en actividades extracurriculares. Finalmente, se pidió que expresaran su opinión personal sobre la importancia de incluir estos temas en su propia formación. Los hallazgos en 6 de las 10 preguntas mencionadas son la base de la investigación presentada en este artículo.

Resultados

Los participantes tuvieron un rango amplio de edades, lo que implica también grados diversos de experiencia y avance en sus respectivos programas. En la figura 1 se aprecia que la mayoría tenían 20 o 21 años.

Figura 1. Edades de los participantes. Gráfico generado por la aplicación formularios de Google.

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de la investigación.

En la tabla 2 se presenta el número de participantes por carrera. Los mayores porcentajes corresponden a las carreras de Administración, Gestión y Economía Ambiental, y Negocios Internacionales. Es pertinente señalar que una de las carreras con mayor número de alumnos es Contaduría Pública. En esta muestra aparenta estar poco representada con un 8% del total. Sin embargo, esto sucede porque los alumnos de ese programa no están obligados a cursar todos los niveles de las materias básicas que el resto de las carreras.

La percepción de los estudiantes sobre la presencia de elementos de ciudadanización en las asignaturas que han cursado hasta el momento de la encuesta está registrada en la tabla 3. Cada participante mencionó las asignaturas en las que identificó elementos de Ciudadanía, Derechos Humanos y Cuidado del Medio. El total incluye lo expresado por los 182 participantes. Es notable que los promedios de asignaturas con estos elementos por estudiante no llegan a dos. Es evidente la carencia de elementos de formación ciudadana en la curricula de todas las carreras. Un dato que debe llamar la atención de las autoridades universitarias es la cantidad de estudiantes que respondieron que en ninguna asignatura han identificado los elementos de ciudadanía mencionados.

Además de en las actividades áulicas, los estudiantes tendrían oportunidad de recibir formación ciudadana en actividades extracurriculares. En la tabla 4 se muestran las respuestas a la pregunta sobre a cuántos eventos que aborden los temas de ciudadanía, derechos humanos y cuidado del medio han asistido. La mayoría expresó que ha acudido a entre uno y dos eventos.

A la pregunta ¿Conoces otros espacios en el ámbito universitario donde se analicen estos temas?, 179 de los 182 expresaron desconocer otros espacios en los que obtuvieran formación ciudadana en los temas discutidos en este artículo. El resto no identificó espacios específicos en el CUCEA, sino actividades organizadas por agrupaciones dentro del CUCEA, pero que no forman parte de la estructura formal de la institución, como clubes y asociaciones. También dependencias de y agrupaciones empresariales y de iniciativa privada.

La última pregunta que se hizo en la encuesta fue ¿Consideras que en tu carrera es necesario abordar los temas relativos a Ciudadanía, Derechos Humanos y Cuidado del Medio Ambiente y por qué? De los 182 participantes, cinco respondieron que no. Uno argumentó que esos temas ya se abordan actualmente; otra respuesta fue que a las nuevas generaciones les parece más sencilla la formación autodidacta que la que reciben en las aulas. Uno más respondió que lo que aprendió sobre esos temas en el nivel medio superior es suficiente y prefiere centrarse en disciplinas propias de su carrera. Los dos restantes no ofrecieron argumentos a su negativa. Entre los 173 sujetos que respondieron afirmativamente se encontraron algunos argumentos relativos a que es conveniente que haya buenos ciudadanos en la sociedad, otros pocos se refirieron a la conveniencia para su desempeño profesional, pero la mayoría reconocieron que esos elementos contribuyen a la construcción de sus habilidades intra e interpersonales. Consideran que la formación ciudadana es un deber que tienen como miembros de la comunidad y son un factor importante para el logro de una vida armoniosa y productiva.

Conclusiones

Este estudio se propuso analizar los elementos de formación ciudadana presentes en los programas de pregrado de la Universidad de Guadalajara (México).

De la información analizada se derivan las siguientes conclusiones:

–  Se confirma que existe una escasa práctica formativa en temas relativos a la formación ciudadana en la UdeG, ámbito de nuestro estudio, dejando a otros factores principalmente a la familia, al gobierno y a los medios de comunicación, el papel de educar y reforzar esos valores.

–  No se identifican evidencias de contenido ciudadanizante en las materias. Es notable que los estudiantes que formaron la muestra de esta investigación afirmen en su mayoría que no han cursado ninguna materia que aborde los temas de formación ciudadana, objeto de este estudio. Aunque no se ha promovido una política institucional para incorporar estos temas en la currícula del CUCEA, es al menos importante detectar la presencia de actividades curriculares o extracurriculares que, de manera no planeada, promuevan la formación ciudadanizante de los estudiantes.

–  En la investigación, las actividades de este tipo que se identificaron fueron escasas y en su mayoría organizadas por entidades externas al CUCEA. De tal forma, la formación ciudadana de los estudiantes, ocurre de forma fortuita.

–  Los estudiantes no perciben estos valores como una necesidad de ser incorporados en su propia formación cuando lo deseable sería que reconocieran la importancia de aprender a ser cada día mejores ciudadanos, que adquieran competencias para gestionar el conocimiento, procesarlo y transformarlo para generar propuestas innovadoras.

–  Las políticas institucionales no son congruentes con los postulados plasmados en su misión, visión y planes de desarrollo. La institución educativa no ha podido responder adecuadamente a estas exigencias, por no contar con definiciones claras y que den sentido de rumbo a las currícula y la práctica docente de sus profesores.

–  Es prioritario que la institución asuma su compromiso social para que sus egresados sean seres humanos integrales y buenos ciudadanos capaces de aprender a convivir en una sociedad más justa y democrática.

–  En virtud de lo anterior, consideramos que se requiere replantear el modelo educativo por uno que contemple la formación ciudadana como un eje transversal que permee todos los ámbitos formativos en la universidad, así como sensibilizar a los actores implicados para lograr su participación activa en ello.

–  Afortunadamente, los pasos más importantes hacia la formación de ciudadanos conscientes de sus deberes cívicos, comprometidos y capaces de cumplirlos ya se han dado. La UdeG cuenta con la normativa básica en la que se reconoce la importancia de la formación integral de los estudiantes. Para hacer congruente el quehacer con el decir de la institución, es necesaria una definición clara del perfil del ciudadano egresado. Posteriormente, como lo establece Botero (2006), esa definición sería la base para la definición de la temática que le imprima carácter e identidad a cada eje transversal cuya meta sea la formación integral de los estudiantes a través de los cuatro pilares de la educación, tal y como los define Delors ( 1994).

–  Finalmente, esto debe ser difundido en la institución de forma tal que el cambio sea asumido desde los niveles superiores hasta los más básicos que intervienen en la educación de los estudiantes. Se esperaría que las evidencias del éxito de este cometido serían observadas en el impacto que los egresados que se integran a la sociedad tendrían en los indicadores de mejoramiento del medio, el respeto y defensa de los derechos humanos, la disminución de los índices de delincuencia y la mejora del entorno social en general. Es decir, en el cumplimiento del compromiso que tiene una universidad pública para con la comunidad.

Referencias

Botero Chica, Carlos Alberto. (2006). Los ejes transversales como instrumento pedagógico para la formación de valores, Medellín, Politécnica No. 3.

Delors, J. (1994). La educación encierra un tesoro, Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI [PDF](UNESCO ed.). Recuperado de http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF

Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. (2018). Población en Jalisco 2018. Strategos, 10 jul 2018. Recuperado de https://iieg.gob.mx/strategos/portfolio/poblacion-en-jalisco-2018/

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Merino, M. (2013). La participación ciudadana en la democracia. México: Instituto Federal Electoral.

Moreno, T. (2011) Didáctica de la educación superior: nuevos desafíos en el siglo XXI. Revista Perspectiva Educacional. 2. Pp. 26-54.

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Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. (2014).

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Tamayo, S. (2010). Crítica de la ciudadanía. México: Siglo XXI.

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