Efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad en Panamá: un análisis jurídico
Effects of the unconstitutionality declaration in Panama: a legal analysis
De La Cruz Luna, Rodrigo
Universidad de Panamá
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
Panamá
Correo: rodrigo.delacruz@up.ac.pa
ORCID https://orcid.org/0000-0001-8296-9031
Entregado: 28 de abril de 2025
Aprobado: 20 de junio de 2025
DOI https://doi.org/10.48204/j.aderecho.n55.a8721
Resumen:
En la República de Panamá la declaratoria de inconstitucionalidad se establece como una herramienta que garantiza el ordenamiento legal a través del respeto de su constitución. Este artículo acerca de los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad en Panamá busca establecer un análisis jurídico a fin de conocer los efectos que conlleva dicha declaratoria entre los que podemos mencionar los actos que contravenga la constitución política, la eliminación de las normativas legales, el impacto a la seguridad y su retroactividad limitada. asimismo, procederemos a abordar el equilibrio institucional, la trascendencia de separación de poderes destacando la función principal de la Corte Suprema de Justicia a fin de garantizar un ordenamiento constitucional y la protección del estado de derecho y los principios democráticos en el país.
Abstract
In the Republic of Panama, the declaration of unconstitutionality is established as a tool that guarantees legal order through respect for its constitution. This article about the effects of the declaration of unconstitutionality in Panama seeks to establish a legal analysis in order to know the effects that said declaration entails, among which we can mention the acts that contravene the political constitution, the elimination of legal regulations, the impact to security and its limited retroactivity. We will also proceed to address the institutional balance, the significance of the separation of powers, highlighting the main function of the Supreme Court of Justice in order to guarantee constitutional order and the protection of the rule of law and democratic principles in the country.
Palabras claves: Constitución, Derechos Fundamentales, Inconstitucionalidad.
Keywords: Unconstitutionality, Fundamental Rights, Constitution.
Concepto
En Panamá la Acción de inconstitucionalidad no es más que el mecanismo que se encarga de controlar mediante un recurso legal y de forma exclusiva ante la corte suprema de justicia una denuncia de una posible contradicción entre los pactos en la Constitución política de la República y alguna normativa o disposición general que vaya en contra.
Según Roberto Gargarella, la acción de inconstitucionalidad no debe ser vista simplemente como un mecanismo para garantizar la supremacía constitucional, sino como un proceso dialógico y deliberativo donde la ciudadanía y los tribunales interactúan para definir el contenido de la Constitución. Gargarella enfatiza la importancia de la participación ciudadana y la deliberación pública en el control de constitucionalidad, más allá de la mera aplicación mecánica de la norma.
La demanda en constitucionalidad en la República de Panamá está consagrada mediante el numeral 1 del Artículo 206 de la Constitución Política y los trámites se regulan a través del artículo 2559 al 2573 del código judicial de la República de Panamá.
Por Actio populares, cualquier miembro en la ciudadanía panameña podría presentar una demanda de inconstitucionalidad de ser necesario. La sentencia que resulte a través de este proceso mantiene efecto para todos los miembros de la ciudadanía no solamente para quienes intervinieron en el proceso o si bien establecieron la demanda de inconstitucionalidad.
La inconstitucionalidad puede ser originada por diversas razones de forma o de fondo. La Corte Suprema de Justicia de Panamá ha analizado diversas materias que puedan ser consideradas un problema constitucional, siempre que se trate de normas generales y abstractas.
Al respecto la doctrina señala que: “Las sentencias que declaran la inconstitucionalidad Y pronuncian la anulación consecuente de la norma o actos impugnados, producen cosa juzgada y eliminan la norma o el acto del ordenamiento.
Es decir, la sentencia estimatoria de la acción tiene efectos abrogativos y erga omnes hacia el futuro, pues la norma o acto declarados inconstitucionales desaparecen del ordenamiento jurídico, tal y como si hubieran sido derogados”. (Hernández, 1990)
Marco Legal y Procedimental
A nivel de procedimiento y normativa legales en Panamá la declaratoria de inconstitucionalidad está regulada por la Constitución Política de la República de Panamá en su numeral 1 artículo 206.
La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:
1. La guarda de la integridad de la Constitución para lo cual la Corte en pleno conocerá y decidirá, con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración, sobre la inconstitucionalidad de las Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona.
Cuando en un proceso el funcionario público encargado de impartir justicia advirtiere o se lo advirtiere alguna de las partes que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, someterá la cuestión al conocimiento del pleno de la Corte, salvo que la disposición haya sido objeto de pronunciamiento por parte de ésta, y continuará el curso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir.
Las partes sólo podrán formular tales advertencias una sola vez por instancia.
Además, el Código Judicial en los artículos de 2559 al 2573, establece el procedimiento para presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia.
El Doctor Jorge Fábrega Ponce, expone que "...lo que en Panamá denominamos «ejecutoria» se conoce en cierto sector de la doctrina como «cosa juzgada formal», en tanto que la expresión «cosa juzgada», así simplemente, la empleamos para referirnos a lo que en el extranjero se le denomina cosa juzgada material. De esta manera, en la doctrina extranjera la cosa juzgada formal constituye así la intangibilidad de la sentencia en el mismo proceso en que fue proferida". (Fabregas, 1998)
Si la Corte Suprema de Justicia declara que una norma es contraria a la Constitución, ésta no podrá volver a tener vigencia ni aplicarse en el territorio nacional.
Para que se emita una sentencia de inconstitucionalidad por parte del Pleno de la Corte de Justicia se debe dar un resultado a favor con al menos 5 de 9 votos a la Demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano o ciudadanos ponentes.
Efectos en el Ordenamiento Jurídico:
Una Declaratoria de Inconstitucionalidad tiene efectos directos en el ordenamiento jurídico de Panamá. La norma declarada inconstitucional es anulada, lo que significa que se considera que nunca ha existido. Esto puede tener implicaciones significativas en casos en curso y en situaciones que se hayan regido por la norma anulada.
Los efectos de las sentencias constitucionales podríamos decir concisamente que de conformidad con el citado numeral 1 del artículo 206 de la Constitución, las sentencias de la Corte Suprema “son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial”, adicionando el artículo 2573 del Código Judicial que no tienen efectos retroactivos.
El efecto de las sentencias de inconstitucionalidad es erga omnes, cuando recae sobre las leyes o normas reglamentarias produce la nulidad constitucional de las mismas, hacia el futuro, esto es, produce efectos ex nunc. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte revela que ésta ha adoptado algunos mecanismos procesales para modular los efectos de las sentencias. Sólo a manera de ejemplo, tenemos la Sentencia de 27 de noviembre de 2023 contra de la Ley Nª 406 de 20 de octubre de 2023, "Que aprueba el Contrato de Concesión Minera entre El Estado y la sociedad Minera Panamá, S.A.", que se dictó con el propósito de garantizar el derecho humano de vivir en un ambiente sano y libre de contaminación.
En Panamá, la declaratoria de inconstitucionalidad es un proceso fundamental que puede tener importantes efectos tanto en el ámbito jurídico como en la sociedad. Cuando una norma es declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de Panamá, se originan una serie de consecuencias que afectan la validez y la aplicación de dicha norma, así como el sistema legal y la confianza en las instituciones gubernamentales.
Nulidad de la Norma:
Cuando una normativa legal es declarada inconstitucional esto implica que deba ser eliminada del ordenamiento jurídico. Este proceso de nulidad de norma garantiza que la Constitución política invalide cualquier disposición que va en contra del principio de supremacía constitucional. La Corte Suprema de Justicia al emitir el fallo establece la impugnación de la norma logrando que no tenga efectos vinculantes y carezca de validez jurídica en el territorio nacional de la República de Panamá.
La nulidad de una normativa es Erga Omnes es decir que es aplicable a todos los miembros de la ciudadanía no solamente a las partes que están dentro del proceso de la declaración de inconstitucionalidad. Sin embargo, también es cierto que la nulidad de una normativa legal es prospectiva es decir que a largo plazo hacia el futuro produce efectos evitando retrotraer situaciones jurídicas preservando la seguridad jurídica y su estabilidad.
A anular una normativa jurídica esta conlleva de manera importante implicaciones y situaciones específicas que se ajustan al alcance temporal de la nulidad de la norma en cuanto a derechos en juego y circunstancia. Este enfoque se aplica casos recientes que garantizan los derechos fundamentales de los miembros de la ciudadanía panameña logrando consolidar la integridad de los marcos legales y normativos establecidos por la Constitución.
Retroactividad:
Al emitirse una sentencia de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia en la República de Panamá no se suelen tener efectos retroactivos lo dispuesto por el código judicial de la República. Esto significa que las normativas que son declaradas inconstitucionales automáticamente pierden efectos jurídicos y pierden su validez hacia un futuro. Este principio establecido por el código judicial busca garantizar que se evite la alteración de situaciones y la estabilidad jurídica del país.
De manera significativa la retroactividad puede generar consecuencias negativas en casos concreto en donde se puede mencionar anulación de contrato celebrados, ajuste de actos administrativos, devolución de bienes entre otros. Sin embargo, todas estas situaciones son analizadas de forma cautelosa considerando la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
Al realizar una sentencia de inconstitucionalidad en el sistema jurídico panameño se le permite a la Corte Suprema de Justicia modular sus efectos según sus decisiones y el impacto social que va a mantener en la ciudadanía esto a fin de generar una garantía de una protección adecuada a los derechos constitucionales sin comprometer el ordenamiento jurídico estable.
Incidencia en Procesos Judiciales
Entre otros de los efectos de declarar una normativa legal inconstitucional está la incidencia en procesos judiciales esto mantiene un impacto directo en todos aquellos procesos que aplican la normativa ligada cuando se emite una sentencia y los jueces deben atenerse de la aplicación de dicha norma en el futuro garantizando que la constitución política mantenga una supremacía sobre la disposición de ordenamiento legal y jurídico en la República de Panamá.
La anulación de la norma sin duda alguna podría generar alguna alteración significativa dentro del desarrollo de los casos específicamente cuando los procesos están en curso porque hay fundamentos legales que sustentan una resolución como una defensa o una demanda y al ser anulada este puede quedar sin efecto obligando al juez a hacer un replanteamiento de los argumentos de la toma de decisiones o incluso obligando a las partes a establecer otras defensas basadas en el Marco constitucional y las normativas legales vigentes.
Dentro de la incidencia de los procesos judiciales una sentencia de inconstitucionalidad puede generar efectos indirectos en aquellos procesos que ya mantienen una decisión tomada o que han sido concluido específicamente cuando estos procesos están en apelación o en revisión. Aunque las sentencias mantienen un efecto de prospectividad en caso de específico puede originar revisiones para corregir posibles violaciones a derechos fundamentales, pero esto va a depender mucho del tipo de norma que ha sido anulada y de la circunstancia.
En base a todo lo anterior podemos comprender que la Corte Suprema de Justicia mantiene un papel importante al interpretar los efectos y el alcance de la sentencia en proceso judiciales es aquí en donde la incidencia reafirma la importancia de la protección de los derechos, la importancia de el control constitucional y la estabilidad del sistema legal a fin de garantizar el respeto por las decisiones judiciales,el respeto por mantener un equilibrio y corregir las normas contrarias a la Constitución.
Obligación de Modificación o Derogación.
La obligación de modificación erogación es otro de los efectos de una declaración de inconstitucionalidad debido a que mediante su nulidad surge en unas obligaciones implícitas tanto administrativa como legislativa para que se derogue formalmente. Aunque la declaración de inconstitucionalidad elimina la validez de la normativa jurídica se espera que las autoridades competentes garanticen un ordenamiento jurídico siendo fundamental para las regulaciones futuras y para evitar confusiones manteniendo las leyes estando alineadas con los principios constitucionales.
Al hacer una declaratoria de inconstitucionalidad está actúa como un llamado de atención para corregir todas las deficiencias en un proceso legislativo a fin de qué la asamblea nacional mantenga la oportunidad de subsanar todas las irregularidades y poder establecer una emisión de una nueva norma que cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución política de la República de Panamá.
Podemos dejar de establecer un vicio de fondo el problema radica en la vulneración de los derechos fundamentales, en las autoridades legislativas y en poder plantear los contenidos de las normativas legales a fin de qué sea indispensable realizar un análisis que de manera exhaustiva permite eliminar e identificar las disposiciones que contra vienen en la Constitución asegurando que ésta los textos normativos establecidos en la Constitución cumplan con su objetivo dentro del marcó legal permitido.
La derogación y la modificación no solamente recae en la normativa original sino también en la aplicación de la disposición anulada en donde se deben ajustar reglamentos, políticas y procedimientos internos para alinearse a la decisión establecida por la Corte Suprema de Justicia.
Al establecerse este incumplimiento se puede generar conflictos de interpretación o vacíos normativos que afectan la confianza de los miembros de la ciudadanía panameña y la seguridad jurídica en general debido a que las instituciones del Estado deben permanecer con normas que estén alineadas con lo establecido en la Constitución política y en el caso de establecer normas declaradas inconstitucionales estas no pueden ser aplicables.
Establecida una declaratoria de inconstitucionalidad ésta tiene también la función de servir como una oportunidad para adaptarse a las necesidades actuales de los miembros de la ciudadanía panameña y establecer un modernismo en las normativas legales en Panamá ya que sin duda alguna existen algunas normas que ya están obsoletas y que declaradas constitucionales pueden ser reemplazada por nuevas normativas legales que estén acorde con los derechos y valores de la época contemporánea. Aunque este proceso es complejo sin duda alguna genera muchísimo beneficio ya que promueve la evolución del derecho en Panamá y fortalece su sistema legal.
La modificación o la derogación de las normas constitucionales fomenta un mejor control preventivo y esto establece un precedente que obliga a los legisladores de la Corte Suprema de Justicia establecer la aprobación y la redacción de nuevas leyes logrando evitar errores que puedan llevar a futuras declaratorias de inconstitucionalidad a fin de qué el sistema legal en Panamá se beneficia de manera rigurosa y establece un respeto por el principio de legalidad de las normativas.
Por ende, podemos comprender que la declaratoria de inconstitucionalidad no solamente mantiene efectos inmediatos, sino que también genera una responsabilidad administrativa y legislativa para actuar de manera proactiva en la derogación de la normativa legal de preservar la supremacía constitucional garantizando normativas legales que sean justas, claras y acordes con los principios fundamentales en la República de Panamá.
Fortalecimiento del Estado de Derecho:
Otro de los efectos que genera genera una declaratoria de inconstitucionalidad en Panamá es un papel importante de fortalecimiento del estado del derecho debido a que a través de una declaración de inconstitucionalidad en Panamá se garantiza que las normativas legales establecidas en la Constitución se ajusten a los valores y principios consagrados de la República. Esto contribuye significativamente a poder preservar la Constitución política como una carta magna de supremacía que reafirma que todos los actos y disposiciones legales pueden estar por encima del mar normativo fundamental de la nación esto asegura un equilibrio y refuerza la confianza de los miembros de la ciudadanía panameña en el sistema judicial panameño y en las instituciones democráticas.
Al declarar inconstitucional una normativa legal la actuación de la Corte Suprema de Justicia en Panamá se convierte en un acto pedagógico para las demás instituciones del Estado. Este ejercicio por parte de la Corte Suprema de Justicia implica un mensaje Claro acerca de la importancia de establecer un respeto en los límites impuestos en las normativas legales que están en la Constitución política promoviendo una cultura de responsabilidad en la que se aplique y se elabore normativas legales que beneficien al sistema jurídico y fortalezcan la cohesión entre las leyes a fin de qué sea más respetuosas, más equitativas y mucho más justa con los derechos fundamentales de los miembros de la ciudadanía.
Fortalecer el estado del derecho refleja sin duda alguna una garantía de protección efectiva a los derechos humanos de los miembros de la ciudadanía debido a que toda normativa que vulnera los derechos fundamentales debe ser declarada inconstitucional a fin de corregir abusos futuros e injusticias. Este proceso resalta el compromiso del Estado panameño con reforzar la idea de qué la Constitución no es un elemento estático y también estando acorde con la dignidad humana garantizando ser una herramienta de igualdad y justicia para una sociedad que se encuentra en constante cambio.
Al establecer una declaratoria de inconstitucionalidad se fomenta la rendición de cuentas también en el ámbito de instituciones gubernamentales debido a que deben someterse tanto administrativa como legislativamente a escrutinios constitucionales a fin de verificar su transparencia y sus acciones que deben estar alineadas con los valores constitucionales establecidos en la carta magna y fortaleciendo la consolidación y a la legitimidad del Estado en cuanto al servicio de la ciudadanía.
El impacto de este mecanismo mantiene una consolidación un sistema jurídico ilegal armónico y coherente en donde la eliminación de normas constitucionales busca evitar conflictos normativos y garantizar el ordenamiento jurídico funcionando como una seguridad jurídica a los ciudadanos y operando con justicia confiando en las leyes y rigiéndose por acciones que sean consistentes y válidas según lo establecido en la Constitución política de Panamá.
Como efecto de la declaración de inconstitucional el fortalecimiento del estado derecho a través de las declaratorias constitucionales mantiene una capacidad de poder adaptarse a los cambios políticos y sociales de los miembros de la ciudadanía a fin de poder hacerle frente a una sociedad que se encuentren constante devolución legal y que necesita el respaldo institucional para promover el desarrollo de una sociedad que sea más democrática, más equitativa y mucho más justa.
Impacto en la Confianza Institucional
Una declaratoria de inconstitucionalidad en la República de Panamá también mantiene un impacto en la confianza en la que los miembros de la ciudadanía les mantienen a las instituciones gubernamentales como lo son el órgano judicial, la Corte Suprema los cuales buscan salvaguardar todas las normativas establecidas en la carta magna y declarar inconstitucional todas aquellas normativas legales que violan los principios, la integridad y la imparcialidad justa. Este impacto significativo porque fortalece la percepción que mantienen los miembros de la ciudadanía en las instituciones que mantienen como propósito la protección de los derechos de los ciudadanos y establecer una garantía de qué particulares no obtendrán un beneficio de estas normativas.
A nivel constitucional la confianza es parte fundamental de los procesos judiciales específicamente porque ésta se encarga de brindar una transparencia al emitir todas aquellas sentencias por medio de la Corte Suprema de Justicia manteniendo argumentos claros y con razocinio demostrando que la toma de decisiones no es arbitraria, sino que son establecidas bajo el Marco normativo legal de Panamá y bajo un análisis profundo. Este nivel de transparencia institucional es fundamental, importante y crucial para reforzar la legitimidad que mantiene el sistema judicial panameño a fin de percibir un estado que actúa en el beneficio de todos los miembros de la ciudadanía y no por intereses de particulares.
Una declaratoria de inconstitucionalidad normativas legales también garantiza y refuerza la idea de qué el Estado panameño no es sólo un ideal teórico, sino que también debe basarse en la realidad práctica actuando en pro de los ciudadanos para que sientan que el sistema de justicia es funcional y que las leyes no son meros instrumentos de control, sino que garantizan la justicia y la equidad. Esto aumenta la disposición de los miembros de la ciudadanía para cumplir con la normativa legales y percibirlas como respetuosas y legítimas con sus derechos fundamentales como seres humanos.
No podemos dejar de lado que las declaraciones de constitucionalidad pueden generar tensiones en diferentes órganos del Estado y en diversas instituciones específicamente cuando se implica la anulación de leyes aprobadas por el poder legislativo debido a que de manera natural si se manejan dentro del mar de la democracia se puede evidenciar un sistema de peso y contrapeso que fomenta la rendición de cuentas en donde los miembros de la ciudadanía deben observar un equilibrio para confiaren que ningún poder actúa sin supervisión o sin control.
Cuándo hablamos de inconstitucionalidad también debemos tener en cuenta que esto asciende a un ámbito jurídico que influye directamente en la percepción que los miembros de la ciudadanía mantienen instituciones gubernamentales de manera general en donde estiman mantener un sistema judicial que sea confiable y robusto para que se convierte en el pilar de apoyo del desarrollo de la sociedad a nivel político y social y en donde miembro de la ciudadanía puedan confiar en que las instituciones gubernamentales cumplen con el mayor sentido de pertenencia, con sus deberes constitucional y con su participación en procesos democrático que peleen por el bienestar de la sociedad.
En base a lo anterior podemos establecer que la confianza institucional genera cambios tangibles en el desarrollo de la sociedad específicamente cuando se toman decisiones que buscan eliminar todas aquellas normativas legales que vulneran los derechos fundamentales estableciendo beneficios efectivos, justos ilegales.
Protección de los Derechos Fundamentales:
La protección de los derechos fundamentales de los miembros de la ciudadanía es uno de los efectos más importantes de la declaratoria de inconstitucionalidad en Panamá específicamente en cuanto a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos debido a que a través de ésta se pueden invalidar actos o leyes que violan la Constitución política a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos y fortalecer el estado de derecho en la República de Panamá.
Al ser un mecanismo especial la declaratoria de inconstitucionalidad sirve para establecer la corrección de normativas legales establecidas o actos que vayan en contra de las garantías consagradas en la Constitución política. Este proceso de declaración de inconstitucionalidad garantiza que las disposiciones generales y las normativas en Panamá estén alineadas con los derechos fundamentales y los principios como la justicia, la libertad y la igualdad evitando los abusos de poder y todas aquellas arbitrariedades por parte de las autoridades.
Controlar constitucionalmente las normativas para mañana mantiene un efecto preventivo ya que ayuda a establecer precedentes a fin de disuadir la creación de leyes similares en el futuro y poder garantizar que la normativa legal en Panamá prolongue el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos y refuerzos en el compromiso del Estado con el respeto a los valores democráticos y a la dignidad humana.
La declaración de inconstitucionalidad de una norma no solamente genera una protección a los individuos de la sociedad panameña, sino que también genera muchos beneficios para la ciudadanía en cuanto a la eliminación de disposiciones perjudiciales para el ordenamiento jurídico evitando así cualquier amenaza legal o de inconstitucionalidad.
Por último, este efecto declaración de inconstitucionalidad fomenta la participación de los miembros de la ciudadanía a la defensa de sus derechos ya que le permite a cualquier persona establecer una demanda de inconstitucionalidad y empoderar a los miembros de la ciudadanía hacer actores activos en la construcción de un estado de derecho de Panamá más equitativo y justo. No podemos dejar de lado que este acceso es universal y contribuye significativamente no solamente la declaración de las constituciones políticas en Panamá sino a la realidad palpable de la vida cotidiana de los miembros de la ciudadanía.
Conclusiones:
· La declaratoria de inconstitucionalidad genera efectos con impactos significativos específicamente porque reafirma y garantiza la supremacía de la Constitución política de Panamá como una normativa fundamental para asegurar que los actos administrativos y todas las normativas legales estén ajustadas a los principios y disposiciones a fin de garantizar la seguridad y estabilidad de el sistema jurídico y democrático.
· El procedimiento de declaración de inconstitucionalidad actúa como una herramienta eficiente para salvaguardar los derechos fundamentales de los miembros de la ciudadanía panameña ya que permite la eliminación de disposiciones o normativas que vulneran las garantías establecidas en la Constitución estableciendo un fortalecimiento de la equidad y la justicia en el Marco legal del país.
· La declaración de inconstitucionalidad mantiene un impacto amplio específicamente porque sus efectos vinculantes son obligatorios para todos los ciudadanos y para todas las instituciones gubernamentales a fin de asegurar que se puedan aplicar garantizando la enfermedad y coherencia del sistema jurídico en Panamá.
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