Este texto busca reflexionar sobre el fracaso de los modelos de desarrollo implantados en América Latina y que se fundaban en la relación equivocada entre crecimiento económico y democracia. En el actual contexto neoliberal esta falacia sigue siendo divulgada. Es útil para fortalecer el nuevo pacto oligárquico transnacional, de carácter financiero e informacional, pero no tiene uso para pensar la relación entre modernización y democracia. En este sentido el artículo avanza en la propuesta de un republicanismo solidario que pueda valorar políticamente el tema del bien común. Entiéndase por tal expresión, republicanismo solidario, un pacto republicanista orientado hacia la organización de la experiencia democrática a partir del énfasis en el bien común y en el social, cultural y político como condición central para la manutención de la sociedad nacional abierta hacia la globalidad.
This text seeks to reflect on the failure of the development models implemented in Latin America and based on the wrong relationship between economic growth and democracy. In the current neoliberal context this fallacy continues to be disclosed. It is useful to strengthen the new transnational oligarchic pact but it has no use to think the relationship between modernization and democracy. In this sense the article advances in the proposal of a solidary republicanism that can politically assess the issue of the common good. We must understand by solidary republicanism a republicanist pact oriented towards the organization of the democratic experience from the emphasis on the common good and on the social, cultural and political pluralism as a central condition for the maintenance of the national society open to the global.
Key words: development, democracy, solidary republicanism, common good
68 Recibido: 18/IV/19 - Aceptado: 16/V/-19
Los rumbos históricos particulares de la modernización capitalista en el contexto de las sociedades nacionales periféricas focalizan un problema central que estamos enfrentando, es decir, que los esfuerzos de los gobiernos progresistas latinoamericanos y del brasileño con el PT (Partido de los Trabajadores) para expandir proyectos de democratización e inclusión social en este siglo XXI, fracasaron por razones que deben ser profundizadas. Por un lado, se observaron dificultades efectivas de avanzar con un modelo político de bienestar social impulsado por las acciones de desarrollo y que deberían contemplar una mayor participación popular en las decisiones de interés púbico. Por otro lado, los eventos demuestran que ha habido un aumento significativo de los procesos de concentración de renta y desigualdad social. En realidad, lo que hubo fue la expansión del modelo extractivista comprometiendo el equilibrio ambiental y se profundizaron los procesos de desindustrialización y de redefinición de América Latina y de Brasil como regiones exportadoras de materia primas para las grandes potencias mundiales especialmente EEUU y China (Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, 2013).
Los eventos demuestran que hubo giros preocupantes hacia la derecha, envolviendo capas de las clases medias y de los sectores populares atraídos por los discursos escatológicos que contestan avances de las políticas de inclusión social y de prácticas democráticas plurales que fueron intentadas por los gobiernos progresistas.
En Brasil, el rencor contra el PT (Partido de los Trabajadores) es un ejemplo de lo que estamos señalando. Tal sentimiento negativo es particularmente preocupante en la medida en que canaliza una injusticia con relación a Lula y que no tiene fundamentos en su práctica como líder político y ser humano. Sabemos que tal rencor fue largamente estimulado y manipulado por los medios de comunicación que buscaban sujetar el proyecto democrático a los intereses de la nueva coalición de fuerzas oligárquicas en el plano nacional e internacional con apoyo de las grandes cadenas multimedia. Pero esa torcedura hacia la derecha tiene, en un nivel más profundo, relación con los problemas teóricos y prácticos como resultado de la relación simbiótica complicada entre desarrollo y democracia. Ella expresa la necesidad de comprender más profundamente los requisitos históricos necesarios para la organización de una sociedad solidaria en un mundo desigual, los cuales no pueden estar directamente amarrados al proceso de aceleración orgánica del capitalismo, como nos recuerda H. Rosa (2017) representante de la cuarta generación de la Escuela de Frankfurt.
Uno de los problemas centrales de la crisis está relacionado con las frustraciones generadas por la expectativa - que se reveló falseada - de ligamen de la cuestión democrática al programa de desarrollo capitalista, como si la mera acumulación de riquezas fuese un generador de políticas funcionales de distribución de renta y de promoción de la ciudadanía. Los eventos explican la equivocación de tal ligamen que contribuye a confundir los fundamentos reales de la experiencia democrática en sociedades complejas. Nuestra hipótesis para explicar la ruptura democrática con la ascensión de los modelos populistas de derecha que se revelan como desdoblamientos de esta equivocación se fundamenta en dos puntos. El primer de ellos tiene a ver con la subordinación doctrinaria e histórica de la
cuestión democrática a aquella de la modernización económica que fue travestida por el término de desarrollo social. La segunda se refiere a las crisis de los modelos de modernización -independientemente de que sean desarrollistas o liberales-mercadológicos -
, los cuales terminaron rompiendo los frágiles vínculos ideológicos entre desarrollo y emancipación de la democracia, generando frustraciones políticas relevantes.
El análisis del primer punto, el de la subordinación de la democracia al desarrollo, exige una revisión teórica necesaria para deshacer esta relación simbiótica y confusa que, al final de cuentas, oculta la tesis utilitarista de subordinación de la política a la economía de mercado. Esta relación podría ser parcialmente justificada al analizarse coyunturalmente la relación entre régimen parlamentario y lobbies de empresas privadas. Pero ella es engañosa cuando se piensa estructuralmente la relación entre democracia como participación igualitaria de individuos buscando libremente ecualizar sus diferencias e identificar puntos de solidaridades, como bien fue señalado por dos importantes autores franceses (Touraine, 1999; Dubet, 2017). La alternativa es , entonces, pensar otros modelos civilizatorios basados en la búsqueda de construcción de una sociedad plural, igualitaria, justa y fundamentada en el bien común, en la cual la actividad económica sea modulada por la participación democrática.
La falta de claridad sobre esta diferencia ontológica entre democracia y modernización económica generó modelos autoritarios de gestión del poder que en los casos latinoamericanos y brasileño, conocieron dos momentos: el primero entre los años 50 y 80 del siglo XX, con la organización del modelo del Estado desarrollista por la cual el aparato político, fiscal, jurídico y administrativo fue instrumentalizado para promover la modernización económica acelerada. En el plano teórico es relevante recordar el papel de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en la adaptación de las tesis keynesianas para legitimar la modernización del aparato estatal y la intervención del poder central en la organización de políticas de desarrollo de la economía nacional. Se creía que la expansión de la economía industrial promovería, a mediano plazo, una ciudadanía de asalariados y de consumidores. Este entendimiento se reveló luego, limitado y catastrófico para emancipar la experiencia democrática como proyecto social e institucional.
El segundo momento de manifestación histórica de la supuesta y equivocada relación jerárquica entre economía y política o entre modernización económica y democracia tiene una relación con la penetración de ideas neoliberales a partir de los años 80 y en un contexto de agotamiento del Estado desarrollista. Las desilusiones con la utopía de lo nacional-desarrollista y con la incapacidad práctica del Estado de generar políticas públicas orientadas a atender las demandas de la ciudadanía ampliada, colaboraron para que se criara un clima propicio a la valorización del neoliberalismo y del mercado como nuevo vector de la promoción del desarrollo; no más en escala nacional, sino global, con impactos negativos potenciales sobre los Estados nacionales. En este sentido, la ideología de la globalización fue aceptada sin muchas resistencias por las clases medias y capas de dirigentes deseosas de participar del clima cosmopolita optimista que fue sugerido por la idea de superación de lo nacional por lo global. Las clases medias y las populares, en general, también vieron con buenos ojos las perspectivas de una sociedad de consumo
generalizada, lo que terminó influenciando negativamente sobre las estructuras interindividuales de pertenencia y de asociaciones colectivas espontáneas existentes.
Pensando en la precaria relación entre desarrollo y democracia es importante recordar que el programa nacional desarrollista tuvo méritos en el esfuerzo de superación de las formas de producción arcaicas de modernización industrial. Pero de hecho este programa tuvo impactos negativos sobre las redes comunitarias y asociativas regionales y locales, contribuyendo a deshacer lazos de solidaridad tradicionales y ampliar los procesos de exclusión social de grandes sectores populares. Las consecuencias generadas por la modernización capitalista autoritaria sin una amplia participación popular contribuyeron, nos explica J. L. Fiori (2001), al analizar el caso brasileño, a acelerar, en los años noventa, la transnacionalización de los centros de decisión y de las estructuras económicas brasileñas. Las reacciones políticas y culturales a tal proceso fueron variadas. Por un lado, debe destacarse las movilizaciones sindicales y partidarias de la izquierda que fueron ampliamente canalizadas por el Partido de los Trabajadores (PT) en la organización de su proyecto de poder; por otro lado, el desencantamiento del mundo desarrollista generó un clima apocalíptico que fue debidamente aprovechado por los movimientos neopentecostales conservadores para ampliar sus presencias en la política, especialmente en este siglo XXI.
El desencantamiento con los proyectos desarrollistas no encontró su compensación en las propuestas neoliberales de desnacionalización de la economía y de la privatización del Estado. Consideramos, entonces, que los fracasos de los modelos de modernización vía Estado o vía mercado ponen nuevos desafíos para los movimientos democráticos que deben reevaluar el papel de las luchas sindicales, asociativas y partidarias tradicionales; desafíos que deben incorporar de igual forma nuevos entendimientos de luchas y demandas relacionadas con los fundamentos del bien vivir de los individuos en sociedades abiertas y plurales. Este estancamiento histórico revela el desencantamiento paralelo con la idea de democracia como venía siendo conducida a partir de la mirada sindicalista y partidaria tradicional de las izquierdas, que valorizaba la relación entre capital y trabajo como el motor de la acción política. Sin embargo, los nuevos desafíos de la democracia exigen una profundización analítica de las nuevas posibilidades de acción política e intelectual en los horizontes del post desarrollismo.
La coyuntura actual del imperialismo obliga a pensar en nuevos paradigmas de modernización no previstos en las experiencias post coloniales del siglo XX. Ella nos invita a revisar los caminos de sociedades que entran en proceso de estancamiento económico y de disoluciones de las prácticas democráticas con un aumento paralelo de movimientos fundamentalistas, populistas y fascistas. Para avanzar en esta reflexión debemos recordar dos movimientos autoritarios importantes que acompañan la ascensión y caída del mito del desarrollismo y de la globalización económica. En un primer momento, entre los años 50 y
80 hubo la valorización del poder estatal centralizado, como agente del desarrollo, estimulando la formación de una poderosa burocracia administrativa y militar y de una burguesía parasitaria que pasaron a depender de manera creciente de los recursos del Estado para su reproducción. En un segundo momento, sobre todo a partir de los años 90 del siglo XX, el agotamiento de la capacidad del Estado de generar desarrollo con distribución de la riqueza y de inclusión social llevó a la valorización creciente del mercado
como agente de la modernización. En Brasil, por ejemplo, ideas como las de privatización de las empresas estatales, muy estimuladas en los gobiernos de Fernando Color y de Fernando Henrique Cardoso, eran vistas como necesarias para acelerar la globalización económica. Esta era vista como la redención del subdesarrollo y ganó prestigio y adeptos a partir de este período.
Este fue el ambiente propicio en el cual surgió un nuevo pacto de poder oligárquico de base financiera, tecnológica y extractivista trasnacional que pasó a manipular los sistemas estatales nacionales con vistas a asegurar un modelo de concentración de renta y de riqueza jamás vistos antes, dentro de una lógica geopolítica global (Fiori,2007). La crítica teórica, como quedó bien evidente en el Brasil de los años 90, enalteció la ideología de la globalización, suponiendo que la misma contenía implícita un proyecto de emancipación tecnológica, social y cultural que eliminaría las diferencias entre naciones desarrolladas y subdesarrolladas. Los intelectuales, en general, hechizados por la ideología globalista, no comprendieron que la globalización era sobre todo un discurso mercadológico orientado a la formación de un nuevo poder autoritario y antidemocrático a nivel internacional. No hablamos aquí apenas de los intelectuales liberales y conservadores, sino también de aquellos identificados con la izquierda democrática como el sociólogo Octavio lanni que lanzó en los años noventa un libro con el título “La era del globalismo” (1996) tratando sobre el tema. En este libro, lanni enaltece la formación de una sociedad global con vaciamiento de las sociedades nacionales y con las perspectivas de creación de sistemas de regulación supranacionales.
Lo que nos revela la crisis actual, con cierta crueldad moral para los desarrollistas y liberales, es que no hay una relación orgánica entre el desarrollo y la democracia. Esta relación fue fabricada ideológicamente por la filosofía del progreso que remite históricamente a Hegel (2008) cuando explica el desarrollo del Sujeto de la historia, en el contexto europeo, y que remite también al evolucionismo de Darwin. Tal idea de progreso, que marca el desarrollo del capitalismo industrial entre los siglos XIX y XX, partía del supuesto que el elemento económico sería central para promover el sujeto humano. En este punto, liberales y marxistas convergían al compartir cierta simpatía con la tesis del determinismo económico en última instancia. Para deshacer este nudo de la ideología del progreso, debemos considerar la crítica antiutilitarista, especialmente aquella del Movimiento MAUSS (movimiento Anti-Utilitarista en Ciencias Sociales) creado en Francia, en 1981, inspirados en Mauss y Polanyi (Caillé, 1989). Tal crítica sostiene que no se puede hacer el trabajo de la organización de un sistema político democrático — que promueva la solidaridad económica y política en diversos niveles sociales, comunitarios e institucionales — a partir de la aceptación dogmática de una determinación económica vista como anterior y primordial en relación con el quehacer político de agentes individuales y colectivos que buscan expresar sus diferencias en un mismo escenario hermenéutico.
La lectura ideológica de la democracia, que somete la política a la economía mercantil, inspiró los programas tanto del Estado-desarrollo como del mercado neoliberal y generó un aumento de la violencia contra las comunidades tradicionales y efectos perversos sobre el medio ambiente. Los campesinos fueron expulsados de sus tierras por las oligarquías modernizadoras, pasando a vivir en los tugurios en los grandes centros
urbanos; los pueblos indígenas fueron masacrados y tuvieron sus tierras invadidas por “grileiros” (individuos que toman posesión de tierras ajenas, mediante documentos falsos de posesión), hacendados y “madereiros”. La modernización económica, antes de generar el progreso social y económico, produjo masas crecientes de excluidos y trabajadores informales. Las ideologías del nacional-desarrollismo y del neoliberalismo también contribuyeron a la fomación de una clase media egoísta, preocupada mucho más con sus patrones de consumo que con sus compromisos morales y políticos colectivos para el surgimiento de sociedades nacionales solidarias. Del mismo modo, las prioridades estatales para la valorización de los estamentos burocráticos y para la reproducción de la burguesía parasitaria contribuyeron al abandono de políticas públicas orientadas a inversiones en la salud, en la educación y en el trabajo, que son fundamentales para la emancipación de la ciudadanía democrática.
Para organizar la crítica teórica del paradigma mercadológico ultraliberal, actualmente hegemónico que implica el rompimiento de las acciones de planificación y de políticas de inclusión social, hay algunas tareas que deben ser observadas. La primera de ellas se refiere a la importancia de hacer la crítica a la ideología globalista. La segunda tiene que ver con la importancia de restablecer los fundamentos institucionales, morales y políticos de la experiencia democrática que pasan necesariamente por la valorización de un tipo de republicanismo democrático y solidario.
Nuestro foco de análisis es el caso brasileño, aunque entendiendo que tales apreciaciones tienen un valor más general para pensar la situación de América Latina.
Entre los años 80 y 90 del siglo XX, Brasil conoció profundas transformaciones estructurales que tienen repercusión en el momento actual. Hubo dos eventos importantes como ya fue señalado. Uno de ellos fue la crisis del modelo nacional desarrollista que fue implantado en el período post segunda guerra, con miras a promover el desarrollo acelerado del país bajo la dirección del Estado. La crisis de este modelo, en los años 80, se agravó con las desastrosas intervenciones del gobierno Sarney (1985-1990) para controlar los precios y evitar la inflación. La imagen negativa del Estado fue aún más feroz con los intentos del gobierno Collor (elegido en 1990 y habiendo renunciado en 1992) de congelar las cuentas bancarias de ahorro de la población.
El segundo evento, en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) fue la penetración de las tesis neoliberales orientadas a promover la economía de mercado y la privatización de las empresas estatales.
La opinión pública, reticente con el Estado, se entusiasmó con los nuevos vientos de la globalización impulsada por la lógica del mercado. Muchos preveían el fin de los Estados nacionales. La recepción positiva de la globalización se apoyó en la “caída” del muro de Berlín, sugiriendo el inicio de una democracia liberal global bajo la protección de los EEUU. El consenso de Washington, en 1989, con miras en la ampliación del neoliberalismo en América Latina, reforzó la tesis de la globalización de la economía latinoamericana. Los defensores de las tesis nacional-desarrollistas quedaron debilitados
sobretodo porque la opinión pública identificaba en el Estado el origen de todos los males. La globalización aparecía como la síntesis de realización de un sueño importante de décadas: la entrada de Brasil en el circuito global. Se creía en un mundo sin fronteras, sin Estados nacionales en el cual todos seríamos ciudadanos globales. En realidad, este sería el sueño internalizado en la historia nacional desarrollista, el de la aceleración del crecimiento de las economías latinoamericanas.
Hoy, haciendo una retrospectiva de los acontecimientos, podemos constatar los errores de las evaluaciones. Las fracturas del Estado nacional revelan nuevos y crueles arreglos de poder, envolviendo el capitalismo especulativo y el rentismo internacional y nacional y fracciones importantes de las élites económicas, burocráticas, militares y políticas, amenazando deshacer las sociedades nacionales, lo que en el caso brasileño es bien evidente. Las izquierdas progresistas de América Latina no consiguieron limitar la expansión del modelo extractivista. Ellas también fracasaron en desarrollar políticas públicas redistributivas orientadas a minimizar la desigualdad de la renta y favorecer la inclusión social. El mundo se hizo peor y los peligros de la recolonización territorial, económica, política y cultural son bien evidentes. El caso brasileño es el ejemplo con la perpetuación de una crisis social y económica de largas proporciones y con la victoria, en las elecciones del 2018, de la derecha populista encabezada por el capitán Bolsonaro. Este populismo, sin embargo, apenas revela un proyecto de recolonización marcado por la sumisión ideológica a la derecha populista norteamericana, representada por Trump y legitimada por movimientos conservadores y fundamentalistas.
Este discurso escatológico sobre la expansión irreversible del capitalismo es útil para afirmar el dominio del capitalismo colonial y facilitar la expansión del neoliberalismo. Pero este no tiene resonancia en los países centrales que buscan proteger sus industrias y, también, en los países emergentes en las cuales el funcionamiento burocrático administrativo nacional funciona al gusto como en Corea del Sur, Singapur y Nueva Zelandia. Este discurso neoliberal tiene un efecto devastador en sociedades periféricas como las latinoamericanas que están siendo una vez más impulsadas, en la división global del capitalismo, hacia la función de exportadora de minerales y materias primas agrícolas. En esos países, el desencantamiento con la globalización, como ciudadanía cosmopolita universal, está debilitando las solidaridades nacionales y populares. Las frustraciones generadas por la perpetuación de la desigualdad y de la violencia están fragilizando los movimientos sociales, por un lado, y deshaciendo la ética burocrática que articula los valores de la nacionalidad y de la pretendida gestión honesta de los bienes estatales y públicos, por otro.
Es importante no exagerar, entonces, la visión del capitalismo como un sistema económico y financiero que se reproduciría únicamente a partir de la racionalidad mercantil e independientemente de los dispositivos jurídicos, políticos y culturales que viabilizan su materialidad histórica y cultural en regiones específicas. Hay otra comprensión del capitalismo como programa cultural e histórico como fue analizado por Karl Polanyi (2000) que ofrece reflexiones importantes sobre las variedades de modelos económicos posibles. La conciencia de este hecho es fundamental para analizar el significado real del proceso de autonomización de la economía de mercado — la “desencastración” del mercado, dice
Polanyi -, en el hemisferio occidental, entre los siglos XX y XXI. Tal autonomización funcional tuvo impactos relevantes en la formación de una élite oligárquica trasnacional y en el debilitamiento de los pactos de poder nacionales, redundando en la desregulación de los aparatos burocráticos y administrativos, por un lado, y en el debilitamiento de las estrategias de resistencias políticas por parte de las fuerzas democráticas en relación con la expansión caótica de este mercado, por otro lado.
La posición del tal mercado neoliberal es clara: o se hacen las reformas para una compresión del Estado, aún a costa del bienestar social de la población, o los intereses suben, el dinero desaparece y se instala el caos. Esta amenaza anula la política y deja la sociedad sin alternativas. La democracia queda amordazada por una espada de Damocles lista para caer en la cabeza de los individuos.
Pero esta amenaza es apenas una estrategia de manipulación con miras a asegurar el avance del capitalismo financiero. Como recuerda S. J. Stiglitz (2009), Premio Nobel de Economía, este tipo de afirmación respecto a la falta de alternativas es un dispositivo ideológico a favor del fundamentalismo del “libre mercado”. Para otro economista famoso,
T. Piketty (2014), el capitalismo de mercado está contribuyendo a la concentración de la renta y a las distancias entre ricos y pobres. Investigaciones recientes confirman esta tendencia. Los dos economistas entienden que la alternativa de salida solamente puede ser alcanzada con políticas públicas que promuevan inversiones e impongan tasas a los ricos.
El tal Mercado de liberal no tiene nada.
El liberalismo valorizaba con el mismo peso la libertad y el igualitarismo. La libertad de emprendimiento, de expresión y de movilización; la igualdad de todos para disfrutar sus libertades individuales respetando sus diferencias. EL neoliberalismo, al contrario, apenas busca promover los intereses de una de las partes, los agentes financieros y rentitas. No hay preocupación por los daños sociales o ambientales. Estamos viviendo la emergencia de un nuevo tipo de totalitarismo centrado ya no en el Estado, como en la versión clásica, sino en un sistema de poder trasnacional, anclado en las finanzas especulativas. Desorganizar los sistemas de poder periféricos es la meta central. Por otro lado, es importante observar que las sociedades que están atravesando la crisis son aquellas que preservan el poder del Estado en la regulación de la economía y de la sociedad como son los países centrales como EEUU, Alemania, Francia y Japón, los sociales demócratas de Escandinavia y, en la versión autoritaria, China y Rusia. Todavía podemos recordar la versión andina del estado plurinacional de Bolivia.
Los medios de comunicación resaltan las preocupaciones del “mercado” con el desempeño de la economía y de la política en el país. Pero los eventos revelan que tales preocupaciones se orientan exclusivamente a la adopción de medidas que aumenten las tasas de rendimientos financieros y especulativos sin ningún otro compromiso con acciones que resuelvan el desempleo, la exclusión social y la desigualdad. Queda claro que esta parcela del empresariado no está más preocupada con el trabajo productivo y la ganancia justa y, consecuentemente, con los temas de la seguridad social y de la soberanía nacional. En el momento presente, la ideología neoliberal confunde la opinión pública y promueve la destrucción de todos los dispositivos administrativos y jurídicos que permitirán al
capitalismo expandirse, considerando los parámetros de la sociedad nacional. La emergencia del nuevo patrón oligárquico trasnacional bajo impulso de algunas pocas grandes potencias imperialistas está amenazando directamente los derechos de soberanía de los Estados nacionales y de las posibilidades de cada sociedad de diseñar y programar la vida política y social en el interior del territorio nacional. El neoliberalismo se fortalece con la difusión de un imaginario escatológico y totalizante que amenaza los derechos liberales y comunitarios tradicionales, fragmentando las redes de solidaridad y generando una violencia sistémica y desigualdades crecientes.
Esta cultura capitalista de la ganancia especulativa sin vinculación con el trabajo productivo nos lleva a pensar en la hipótesis de que hay una involución de las condiciones morales y culturales que marcaron la emancipación histórica del capitalismo innovador descrito por Max Weber en su clásico “La ética protestante y el espíritu del capitalismo ” (2004). El capitalista innovador en el mundo del trabajo y de la política explicó la invención del liberalismo económico y político. La reconversión de este modelo innovador en un tipo conservador y autoritario e indiferente a las políticas públicas organizadoras del emprendedurismo productivo y del mercado de trabajo formal, es objeto de preocupación política y moral. En el caso brasileño, no se trata de una reconversión al espíritu feudalista sino al espíritu colonial e esclavista. El hecho de que el trabajo informal e incluso esclavo esté ampliándose, apenas revela esta fase del espíritu capitalista brasileño dentro del nuevo orden extractivista global.
El ejemplo clásico de la democracia directa es la experiencia ateniense de una ciudad- Estado. En las sociedades macroterritoriales modernas, el asunto es más complejo. Lo político se fabrica no en una urbe que funciona como ciudad-Estado como en el caso de Atenas, sino en varias comunidades urbanas y rurales organizadas por sistemas republicanos centralizados en el interior de un macro territorio administrativo y político. Tales experiencias de democracia directa continúan existiendo en el mundo moderno, pero sobre otros formatos más complejos que incluyen diferentes modos de representación y de participación popular. A. Toqueville en su clásico “La democracia en América” (2005) observó tal fenómeno en su viaje a los EEUU en el siglo XIX. Hombres y mujeres compartiendo solidariamente la organización colectiva de la vida local. Estas experiencias inspiraron de igual forma al filósofo norteamericano C. Cooley (1998) cuando exaltó el papel de la comunicación para ampliar la opinión pública democrática en la vida social.
Sin embargo, en las sociedades macro territoriales complejas, la democracia directa no basta para asegurar los mecanismos de representación política activa, considerando haber numerosos centros formadores de opinión que exigen la creación de mecanismos de participación verticales que no se originan en las decisiones directas de los actores de la vida cotidiana. Tocqueville en otro libro famoso “El antiguo régimen y la revolución” 1997), recuerda que el tema de la representación emerge de las disputas entre el poder monárquico y las corporaciones de comerciantes locales, especialmente en torno del tema de la colecta y distribución de los impuestos. Por eso, J. Ranciere (2014, p. 70) sugiere que “la representación es, en su origen, lo exactamente opuesto de la democracia”. Para él, la
democracia representativa como actualmente la conocemos, camufla las luchas democráticas, restringiendo el espacio de participación para las minorías oligárquicas. En el siglo XX, la democracia directa contribuyó a emancipar la democracia participativa y resignificar la representación a partir de los movimientos sociales diversos. La ampliación de la participación tuvo éxito en aquellas sociedades en las cuales el conflicto social fue visto como la solución y no como un impase. La vivencia de la democracia participativa ampliada en países como Francia, Alemania y Suecia llevó los sistemas políticos a incorporar las demandas de los movimientos sociales, haciendo nacer el Estado de Bienestar Social. El derecho a la ciudadanía plena resultó de una alianza política amplia y negociada entre ricos y pobres. En los países donde las élites no aceptaron los fundamentos de la vida colectiva solidaria surgieron los Estados del Malestar social. En estas sociedades, como la brasileña, las multitudes viven el transe abismal entre el sueño de la ciudadanía y la inminencia de la muerte social. Concebir los modelos de democracia participativa que articulen la vida asociativa local con la representación constituye una ingeniería política complicada que necesariamente implica articular las instituciones formales republicanas que se inspiran en la representación electoral con la participación popular.
El avance del proceso democrático en la opinión de P. Rosanvallon (2000) está en el fortalecimiento de la “soberanía popular” por la cual se puede comprender la democracia como un proyecto inacabado forjado como historia, experiencia y experimentación. Esclareciendo la tesis del autor francés, el sociólogo Andre Magnelli recuerda que un concepto fundamental es el de soberanía compleja, de un “pueblo social, que tan solo existe en cuanto memoria, articulando identidad y tradición con libertad y voluntad”. Pues, continúa él “con la complejidad de la sociedad civil, se eclipsó lo imaginario de un pueblo- sujeto y, así, se hizo urgente refigurar el sujeto de la democracia y repensar la consistencia del lazo social” (Magnelli, 2019, p. 140-142). Esto exige, claro, disposición de los más ricos de ceder parte de sus privilegios. Por lo menos sería el modo, diría M. Mauss, de saber oponerse sin tener que masacrarse.
En nuestro entendimiento, el lugar crucial de la soberanía popular compleja que configura las diversidades de identidades y memorias tiene que considerar, de igual forma, el tema de la multitud que tiene importancia central en la configuración de la acción política. Tal tema es central en el debate sobre las perspectivas de la democracia en el siglo XXI, en particular para organizar la ecuación democrática participativa entre las experiencias de gestión directa y de representación electoral (Martins, 2008). El tema de la multitud emerge como estratégico en la medida en que la constitución de ciudadanía en una sociedad compleja no se reduce a su reconocimiento constitucional. Ella exige un amplio trabajo de concientización de las poblaciones territoriales con miras a la organización del bien privado y público.
M. Hardt y A. Negri lanzaron un libro sobre el tema titulado “Multitud, guerra y democracia en la época del Imperio” (2004), proponiendo que la multitud sería la respuesta contra el imperio. Las revueltas expresarían las hendijas por donde brotarían nuevas singularidades como habría ocurrido con la“primavera árabe”.
Infelizmente, aquí, la idea de multitud permanece muy abstracta y optimista no rePejando las reacciones políticas ambiguas de las multitudes en el mundo de hoy. Esto exigiría incluir la discusión republicanista sobre los fundamentos de la libertad en la acción política que H. Arendt hace en “La condición humana” (2003). G. Tarde en “La opinión y las masas” (1992) enfoca el tema en la perspectiva de la diferencia entre lo público y la multitud que él afirma ser apenas de grado. El público estimularía la necesidad creciente de sociabilidades regulares de los miembros. Al contrario, en la multitud la individualidad se atenuaría y predominarían las similitudes étnicas, demandando un factor externo de unificación como la de un líder. El pasaje del momento de la multitud sería acompañada, dice él, de la emergencia de una cierta tolerancia y aún mismo de escepticismo. (p. 38).
En general, los grandes fenómenos de masas nacen de tragedias que permiten salir de las rutinas banales y estresantes para vivirse lo excepcional, lo fascinante, la curiosidad mórbida con los límites de la existencia humana vividos como “las desgracias del tiempo presente” como diría G. Bataille (2017). El fenómeno es psicológico y cultural. El se hace político y público cuando surgen las utopías que abren nuevas puertas al sueño colectivo.
Cuando las personas entienden que vale la pena salir de la zona de confort cada vez más insegura de la vida privada o de la pereza, ofrecida por los aparatos de Televisión, para movilizarse por algo mayor, ellas despiertan para nuevas posibilidades existenciales. Este entendimiento nace del reconocimiento subjetivo colectivo de una luz de esperanza en los horizontes de lo cotidiano banal. Podemos recordar como ejemplos las grandes movilizaciones populistas de América Latina en el siglo XX que fueron conducidas por líderes carismáticos como Perón, en Argentina, Vargas, en Brasil, Haya de la Torre, en Perú, Lázaro Cárdenas, en México, entre otros. En su versión más nacionalista el populismo ganó fuerza en la valorización de la defensa de los intereses nacionales y de promoción del pueblo como representación política de los más humildes. La relación entre el populismo y la democracia es compleja, pero podemos considerar con Claude Lefort (1991), que las democracias del siglo XX tienen un carácter teológico-político que se abre a la representación popular como movilización de multitudes en la búsqueda de ciudadanía. Por otro lado, la superación del populismo aparece como un proyecto de fundación de lo Político (C. Lefort, 1991, p. 25) como espacio propio de organización de esferas de las relaciones, de las instituciones y de las actividades que son distintas de otras esferas como la económica y la jurídica. En esta perspectiva, podemos proponer que los motivos que mueven las calles a favor de la utopía democrática apenas se hace una fuerza consciente cuando los individuos son contaminados por el sentimiento del “bien común”, moviéndose hacia una utopía liberadora en general.
El “bien común” aparece como una novedad cultural en lo Político al permitir superar las tradicionales dicotomías entre lo público y lo privado que inspiran modelos republicanos modernos. El apunta en la dirección de un mundo nacional y trasnacional más justo e inclusivo. Las utopías modernas no valorizaban el bien común pero la dicotomía entre bien público y bien privado, fue el cemento de las grandes ideologías de “izquierda” y de “derecha” de los siglos pasados. Hoy día, en el contexto latinoamericano y brasileño la utopía democrática pasa necesariamente por la profundización del debate moral y afectivo de lo “humano común” que cruza la experiencia de lo que M. Serres (2003) denomina
como hominiscencia, una esperanza que se mezcla con inquietudes generalizadas producidas por el ego fragilizado. Este poder de la esperanza mueve (in)conscientemente las calles, superando las tensiones permanentes entre autoritarismo y libertad, entre colonialismo y autonomía nacional.
El debate nos invita a pensar en las condiciones jurídicas, políticas e institucionales de canalización política de los deseos y afectos de las multitudes en contextos de crisis y, también, las condiciones psicológicas y sociológicas para la emergencia popular como público democrático. Cuando el pacto republicano deja de funcionar, los públicos son transferidos hacia los márgenes de lo social, hacia los locales en donde la multitud surge como facciones y tribus urbanas y la ciudadanía sobrevive precariamente: en las calles y parques, en los templos, en las prisiones o cárceles, y en los estadios. La multitud puede fortalecer o puede corroer lo público democrático. Todo depende de los dispositivos de producción y de valorización política del bien común. En sociedades como la brasileña, la desorganización de las acciones públicas en las áreas de educación, salud, trabajo y asistencia social viene impactando negativamente sobre la producción de sociabilidades solidarias. En este contexto, la lucha por la viabilidad pública de las multitudes es irrefrenable. Protestas y redadas son solamente síntomas. Los salvadores de ocasión son invocados para hacer el ajusticiamiento de la multitud, aunque esto pueda significar el sacrificio de la democracia y de la paz social.
Estas consideraciones son importantes para que podamos entender la crisis no solo como una degradación de los mecanismos de ciudadanía, sino como un proceso de construcción y deconstrucción de la opinión pública, que, del lado positivo, lleva a la práctica democrática, y, del lado negativo, hacia el populismo de derecha y al fundamentalismo. Las alternativas de salida para el contexto de debilitamiento de la experiencia democrática pasan entonces, por dos vías: por un lado, el fortalecimiento de la multitud como pueblo soberano en la lucha por la soberanía plural. Por otro lado, por la reorganización del pacto republicano, en otra modalidad que no sea aquella de la ambigüedad institucional entre lo público y lo privado, sino que valorice la solidaridad tanto en los niveles de la representación como de la participación bajo la inspiración del bien común. Pues, entre los acuerdos políticos inventados por la Humanidad en su historia sobre todo en la época de las democracias macroterritoriales, uno de los más delicados y complejos es aquel republicano, en particular aquel democrático, como veremos a continuación.
La república es una institución que acompaña el debate sobre política y ciudadanía desde los griegos. La república surge cuando hay individuos dispuestos a compartir libre y solidariamente un espacio para discutir la res pública (cosa pública), decidiendo conjuntamente las reglas que serán establecidas para el ejercicio de los derechos republicanos independientemente de tener formato democrático, monárquico o despótico.
La república democrática en particular, como sugiere Aristóteles (1995) en su discusión sobre política, debe, de algún modo, asegurar la búsqueda de atendimiento de los intereses de todos. La república democrática constituye, luego, un constructo complejo pues
implica la importancia de asegurar la gobernabilidad en un régimen político abierto a la participación de los individuos y grupos en varios niveles de representación activa. No se trata de mera coincidencia histórica, luego, el hecho de que el republicanismo democrático sea la expresión de la ingeniería de la acción democrática entre el sistema, por un lado, y el mundo de la vida, por el otro, como diría Habermas (1984) en su teoría de la acción comunicativa. Pero precisamente, la institución republicana democrática es una construcción jurídica y utópica que exige considerar la formalización de reglas a ser respetadas por todos y una hermenéutica que envuelve el diálogo entre iguales. El derecho y la práctica de la ciudadanía que resulta de este acuerdo político no es, entonces, algo dado a priori como si fuese un derecho humano ancestral. Se trata, al contrario, de una ficción jurídica y política cuya viabilidad histórica depende del ejercicio y de las luchas por los derechos diferenciados y de los pactos resultantes de tales luchas. La democracia como sistema fundamentado en la ciudadanía participativa solamente existe cuando se crean reglas republicanas abiertas, es decir, códigos de construcción discursiva y participativa de los individuos en la producción del bien público a partir de los intereses particulares y plurales. En esa perspectiva, el entendimiento de la república es fundamental para comprender la complejidad del proceso democrático inclusive a partir de la denominada democracia directa como aquella de las asambleas y sorteos que exige algún tipo de republicanismo. La expansión de las instituciones republicanas acompaña la complejidad paralela de la experiencia democrática. Aristóteles (1995) veía la república como esencial para distinguir en la política los regímenes que se orientaban al bien común de aquellos otros guiados por intereses particulares. Ella viabilizaría la “cité” como comunidad que se diferencia de las partes formadas por las familias y vecindades. El republicanismo romano que se extiende en un contingente demográfico y territorial más amplio innova a nivel de un sistema de derecho más complejo que pasa por incorporar la multitud como representación activa en la organización de la libertad. Así, Cicero (1965) trató de definir la república como “cosa del pueblo”.
La variedad social de la vida cosmopolita conocida por la Italia renacentista puso nuevas cuestiones sobre la regulación de las diferencias lo que llevó a Maquiavelo (1996) a proponer un republicanismo conflictual. La emergencia de la modernidad occidental hizo el debate republicano más complejo, poniendo el tema del republicanismo como importante en la obra de Montesquieu sobre las leyes (2010) o de Rousseau (2013) sobre los contratos. El tema del socialismo republicano también fue objeto de gran debate en Francia como vemos en la defensa del solidarismo por Léon de Bourgeois et Jean Jaures que defendían el sufragio universal y la escuela laica para organizar el espíritu republicano. En el siglo XX, el debate se hace crucial en la filosofía política como vemos en las obras de Arendt (1963), Lefort (1991), Skinner (2000), Habermas (1992), entre otros. Hay una gran lista de autores que discutieron el tema en los últimos dos siglos, debiendo ser enfatizado en varias líneas de discusión que emergieron en Francia, en Inglaterra y en los EEUU. Más recientemente, el debate se abrió hacia el multiculturalismo como vemos en Taylor (1994).
Hicimos aquí una revisión muy rápida sobre el desarrollo del republicanismo sobre todo para señalar dos puntos: a) Hay un debate sobre el liberalismo que se hace crecientemente complejo acompañando la complejidad histórica de las sociedades, lo cual se revela por algunos aspectos relevantes como el surgimiento de la cuestión popular, la
diversidad de intereses y de actores y las dimensiones macroterritoriales de los procesos republicanos; y b) Para recordar que la complejidad de la experiencia histórica del republicanismo es la misma de aquella de la democracia, ambas cruzándose de diversas formas, pero con la tensión particular en los tiempos modernos. Esta imbricación queda más clara cuando se entiende que la deliberación y la participación son las dos caras de la misma moneda en la organización de la política como nos recuerda Rosanvallon (Magnelli; Maia y Lindoberg Campos, (2018). También podemos señalar que en el contexto de la crisis actual de los modelos republicanos liberales hay un nuevo debate que se abre para el republicanismo solidario y que nos parece importante para entender las señales y las alternativas de salidas de la crisis presente de los regímenes democráticos.
Los impactos del neoliberalismo en las sociedades nacionales contemporáneas se expresan tanto en la desorganización de las actividades económicas generadoras de empleo y de renta como en las políticas públicas orientadas hacia la organización de la ciudadanía democrática. La crisis genera, como efecto secundario, un clima de desesperanza moral que desarticula el marco de solidaridad nacional que se fundaba en la confianza mutua sobre memorias y destinos compartidos de los individuos (Renan, 1947). En resumen, la desorganización de las sociedades nacionales llevó a una crisis del modelo republicano que, a pesar de todas sus limitaciones institucionales, era un factor político relevante para organizar la esfera pública y democrática nacional. Hay elementos en juego que dicen algo respecto a las amenazas efectivas de disolución del pacto republicano por el debilitamiento del Estado y de la nación para asegurar la expansión de la lógica colonial extractivista. Afirmar que la crisis sería el resultado mecánico de un movimiento general e irresistible del capitalismo como sugirieron algunos teóricos de la dependencia, antes, y economistas neoliberales, hoy, apenas juega hacia la estratosfera la cuestión central que es la capacidad de los actores colectivos e individuales de organizar sus estrategias de vida y de solidaridad política a partir de sus locales de existencia territorial. Detrás de esta visión mecánica del capitalismo hay, de hecho, la emergencia de un patrón de poder oligárquico trasnacional centrado en la especulación financiera, en la apropiación de activos patrimoniales por grandes grupos y por una visión pretoriana de los países imperialistas — que no quieren perder la capacidad de gerenciar la organización del proceso civilizatorio. En la lucha ideológica el tema de la globalización tuvo importancia crucial sugiriendo una integración trasnacional que redimiría los pueblos “subdesarrollados”.
El patrón del poder trasnacional está reorganizando la colonialidad y el juego de poder demostrando la tesis de J. N. PIETERSE (2004) de que hay una estrecha relación entre la globalización y el proyecto imperial, entre la lógica del capital y la guerra. Las élites dominantes buscan organizar sus estrategias de supervivencia personal y corporativa en el escenario de las nuevas presiones de las empresas extranjeras, aunque esto signifique la destrucción del sistema republicanista nacional que fue forjado en América Latina entre las lógicas liberal y oligárquica. Las estrategias neoliberales de reorganización del poder estatal están reajustando los pactos entre las empresas trasnacionales y las oligarquías nacionales, generando ventajas especulativas y financieras importantes al mismo tiempo que
desorganiza los mecanismos de gestión y de promoción del trabajo, de la nación, y de la ciudadanía (Martins, 2018).
En este contexto las tesis neoliberales de desmantelamiento del Estado se orientan apenas a aquellos países periféricos, abastecedores de materia prima y de minerales, que poseen tierras fértiles, agua dulce y mercados consumidores atrayentes. La difusión de la ideología neoliberal (no estamos hablando de la globalización como proyecto cultural planetario) ha debilitado el sentimiento patrio y la movilización política popular, nacional y ciudadana en los países latinoamericanos y en Brasil. La ansiedad de muchos brasileños y su deseo de participar de un orden cosmopolita liberal orientado hacia el consumismo ha debilitado los dispositivos de nacionalidad y desorganizado el funcionamiento de la máquina estatal en la regulación del régimen democrático. Asistimos el debilitamiento de los dispositivos de la nacionalidad como arco de las solidaridades y, luego, la desorganización de la máquina estatal, una vez que la ética burocrática se deshace frente al consumismo individualista. Cuando los funcionarios administrativos, las representaciones políticas, los empresarios y las clases medias urbanas no ven más sentido en la nacionalidad, al soñar con un cosmopolitismo abstracto, el Estado-Nación tiende a naufragar, la Patria pierde el sentido y la ciudadanía se debilita. En este momento, cabe proponer una pregunta, a saber: (cuál es el futuro de un Estado sin Nación y gobernado por los intereses de las fuerzas globales? Todos los latinoamericanos, independiente de sus orientaciones doctrinarias deberían rePexionar sobre esta cuestión. Lo que está en juego es la propia sobrevivencia de la nacionalidad no como ethos revanchista sino como dispositivo de solidaridad colectiva que permite la gestión territorializada de las riquezas colectivas. Luego, tenemos que repensar la nación desde otra perspectiva, que englobe la diversidad y la pluralidad sin perder de vista la perspectiva de lo público y lo común.
Una cuestión crucial es saber cómo los pactos republicanos modernos incorporan las tensiones generadas por los procesos de automatización del mercantilismo que produjo esta bola de nieve del capitalismo neoliberal trasnacional. Así, la relación del republicanismo con el desarrollo del capitalismo necesita todavía una profundización para entender cómo la lógica de la economía mercantil impacta en los sistemas republicanos y viceversa. El hecho es que las grandes empresas necesitan apoyarse en los Estados nacionales que protejan jurídica y administrativamente los derechos de propiedad material e inmaterial sobre el capital, mercaderías y objetos culturales y ambientales. Del mismo modo, en los procesos migratorios los individuos y familias cargan las señales de su nacionalidad, por la lengua, por los valores, por las tradiciones.
No se puede perder de vista el hecho de que el capitalismo aparece históricamente como un sistema mercantil cuya expansión fue posible gracias a los dispositivos de protección y de estímulos producidos por los Estados nacionales y por los pactos de poder republicanos formalizados por una carta constitucional. Mejor dicho, los intentos de articular desarrollo y democracia suponían la existencia implícita de un modelo político e institucional capaz de gerenciar las tensiones entre lo público y lo privado a partir de un consenso constitucional que sería válido para todos en el territorio nacional.
Estado y Nación son términos de una obra de ingeniería republicana compleja, en el cual, uno no puede existir sin el otro. Si el Estado constituye un conjunto de dispositivos políticos, jurídicos y administrativos necesarios para ordenar las diversas actividades humanas en el territorio, la Nación representa la unidad semántica que da orientación histórica, moral, sentimental y cultural a este Estado. Pero ellos toman cuerpo por la creación de sistemas de gestión territorial, de base política, jurídica y administrativa, los regímenes republicanos democráticos, que deberían organizar los intereses diferenciados en el territorio compartido.
Tradicionalmente, los pactos republicanos materializados en las cartas constitucionales son la base sobre las cuales se constituyen los Estados nacionales y se reproducen los sistemas mercantiles en el interior de las naciones y entre las sociedades nacionales. Los pactos republicanos fueron formulados históricamente para gerenciar un conjunto de dispositivos materiales y simbólicos como son aquellos de la nación, de la patria, del pueblo soberano y de la ciudadanía que son accionados para organizar el territorio, la economía, la política y la cultura. Ellos son el lugar de producción de los sentidos y sentimientos de la comunidad en el plano macro-institucional. Para promover el pacto republicano (independientemente de sus posibilidades conservadoras o democráticas) aparece de manera destacada el tema de la nación. Como nos recuerda E. Vernik en la presentación del libro que organizó, reuniendo importantes autores que estudiaron el tema, ella es “un objeto de agregados y desagregados, que acepta diversos desplazamientos semánticos y utilizaciones ideológicas, a la derecha y a la izquierda”. Sin embargo, continúa, “de su fuerte simbología de articulación de culturas y territorios, (ella es) capaz de serlo en el horizonte de lo que aún no ha ocurrido” (2016, p.15)
En América Latina, el peso del juego oligárquico siempre presentó muchas dificultades históricas para la implantación de un republicanismo democrático y de valorización de la ciudadanía como un bien universal. Sin embargo, a pesar del peso de esta herencia colonial, el hecho es que el republicanismo fue el fundamento ontológico sobre el cual se asentaron las perspectivas de una democracia macroterritorial impulsada por las acciones de desarrollo nacional. Los pactos republicanos nacionales continúan funcionando como las condiciones estructurantes jurídicas, políticas y morales para asegurar la pluralidad de intereses que sostengan los derechos sobre la propiedad y sobre las inversiones y también, las luchas por la democracia plural. A pesar de que el capitalismo trasnacional busca presentarse como global, en la práctica, él se protege bajo las banderas de las grandes potencias imperiales.
Todas las grandes firmas internacionales poseen sedes geográficamente localizadas, participan en las grandes bolsas de valores nacionales, negocian subsidios del Estado nacional y poseen directores y gerentes con carteras de identidad nacionales. Aquí, los usos del nacionalismo tienen significados particulares en la organización del poder, diferentemente de aquellos usos de la nacionalidad como sentimiento moral compartido en la producción de ciudadanía.
Los dilemas de articular pactos republicanos que favorezcan no a las minorías, como aquellos oligarcas y plutócratas, sino a las mayorías, son antiguos e históricamente
bien ejemplificados en las experiencias griegas y romanas. En la realidad de América Latina, tales dilemas se hacen más complejos pues los conflictos internos de base colonial son atravesados por otros conflictos derivados de las estrategias imperiales para controlar las fuentes de materias primas estratégicas como minerales y productos agrícolas. En el momento, hay una crisis del modelo republicano que conocemos y que en el caso latinoamericano tiene una cara oligárquica bien acentuada (Martins, 2018). Esta crisis tiene dos motivos. Uno de ellos es el exceso de simplificación normativa de un modelo de poder que fue pensado para las sociedades rurales de la región y que, hoy, está inadecuado para regular las presiones de un cosmopolitismo complejo y trasnacional. El otro es más sutil y tiene que ver con la reorganización de las estrategias imperiales, sobre todo la norteamericana, que busca sabotear los sistemas republicanos democráticos existentes en América Latina para reorganizar la dominación sobre los recursos productivos y riquezas naturales. Contra tales tendencias el juego democrático exige repensar la relación entre republicanismo, democracia y solidaridad.
La crisis actual revela, luego, no solo las contradicciones entre los intentos frustrados de articular históricamente desarrollo y democracia de masas, sino también, las luchas entre colonizadores (antiguos y nuevos) y colonizados. La pérdida de autonomía del quehacer político a partir de las estrategias de control del territorio nacional por los grandes grupos económicos, dinamita las perspectivas de producción de políticas públicas direccionadas a canalizar la riqueza nacional en favor de las comunidades independientemente de sus condiciones de clase y de castas. Por eso, repensar el republicanismo a partir de la soberanía compleja que contempla las diferencias como fue sugerida por Rosanvallon en su libro “La democracia inacabada” (2000), valorizando lo local y lo territorial como base de las redes solidarias es central para liberar las experiencias democráticas y desmitificar las estrategias de la dominación oligárquica de base nacional y trasnacional.
El tema de un republicanismo democrático que sea solidario y basado en el bien común como salida alternativa para la paradoja entre desarrollo y democracia, es el desafío de esta coyuntura de post desarrollo, es decir, de quiebre de programas de modernización como fueron vistos hasta el presente, y de búsqueda de lo nuevo que emerge en el acontecer histórico desconocido. Para eso, debemos partir del principio que los Estados nacionales constituyen territorios en los cuales ocurren experiencias diversas de participación popular directa en la organización de la vida cotidiana, por un lado, y de intervenciones del poder legal bajo la forma de políticas económicas y sociales inspiradas por la idea de progreso económico, por el otro.
Lo que está en juego es la propia supervivencia de la nacionalidad como sentimiento compartido en la esfera territorial gerenciada por la soberanía popular y que funcionaba como lastre sentimental que organizaba los pactos morales y políticos. Los movimientos liberales de género, étnicos, religiosos y sexuales deberían reflexionar seriamente sobre el tema de la nacionalidad pues es importante para la pauta de los movimientos sociales en este contexto de cuestionamiento de los regímenes democráticos.
En la medida en que las luchas por las diversidades en el contexto postmoderno no incorporan el tema de lo nacional y lo popular, las tentativas de autonomía y de diversidad se fragmentan y contribuyen a corroer involuntariamente los fundamentos de la ciudadanía democrática. En fin, la nación se va derritiendo tanto por la responsabilidad de los que quieren mantenerse en el pacto de poder, aún mismo sin el respaldo popular, y de aquellos que exaltan la radicalización de la sociedad civil sin considerar el hecho de que el desaparecimiento del sentimiento de pertenencia nacional puede llevar a la fragmentación y no a la emancipación.
Un republicanismo democrático que sea solidario es un acontecimiento extraordinario al significar la posibilidad de valorización de la igualdad y de la libertad como lastres morales compartidos a partir de los procesos de vida local e
Inter-locales para resolver los dilemas entre lo privado y lo público y promover el bien común. Cuando la Nación se debilita, el Estado pierde su rumbo, pues el arco de la solidaridad nacional se fragmenta y esto facilita la difusión de un globalismo utilitario que favorece el individualismo y debilita los lazos cívicos. La superación de la lógica extractivista, explica E. Gudynas (2013), exige necesariamente una reacción ciudadana que sea capaz de construir una agenda de lucha democrática para indicar la salida para los procesos de degradación social, ambiental y económica. Contra tal proceso de recolonización de los sistemas periféricos hay que valorizar los procesos de resistencias nacionales y populares, laicos y religiosos, que permitan rescatar la ubicación del aparato estatal como regulador de intereses y como planificador de las acciones colectivas y como dispositivo liberador de una nación plural y participativa.
Ciertamente, desde el punto de vista práctico, hay que discutir la estructura constitucional e institucional de los aparatos regulatorios. Pero tal debate apenas podrá emerger cuando sea aclarado, en primer lugar, los sentidos posibles y el valor estratégico de las sociedades nacionales en el mundo global. Así, las tareas de separar las genealogías del republicanismo histórico y del capitalismo mercantil moderno son didácticamente importantes para entender que los conflictos que se diseñan en la crisis de los estados nacionales periféricos y de los regímenes democráticos como los latinoamericanos, en este momento, no se remiten solamente a la lógica económica de la relación capital y trabajo.
Los elementos nacionales, étnicos, de género, religiosos y ambientales presentan centralidades importantes en la crisis, no pudiendo tales elementos ser reducidos al universo del sindicalismo o de las luchas salariales de las corporaciones estatales. Hay que reconocer que la única resistencia viable contra los asedios del capitalismo especulativo y rentista internacional son los Estados nacionales republicanos reformulados a partir de un ideal de bien común que permita superar por la ética de la solidaridad el formato tradicional dado por la ambivalencia entre lo público versus lo privado. Soberanía nacional, Estado planificador de las actividades territoriales de medio y largo plazo y la nación sentimental organizada en su pluralidad son condiciones fundamentales para repensarse la utopía del desarrollo nacional y democrático. Para entender claramente lo que está en juego con el desaparecimiento del sentimiento nacional compartido, tenemos que pensar la nación desde
otra perspectiva, que comprenda la diversidad y la pluralidad sin perder de vista la perspectiva de lo público y lo común.
Salir de la visión de nacionalidad fundamentada como experiencia populista generada por la manipulación y por la intervención autoritaria es central para poder concebir el Estado nacional como dispositivo moral y sentimental necesario para la organización de un escenario de diálogo y convergencias sobre la construcción del bien común.
La idea de ciudadanía es de particular interés en la organización de la república democrática en la medida en que funciona como disposición de base que sirve para imaginarse los valores de igualdad y de libertad como justicia social. Sin el nombramiento de ciudadanía como disposición jurídica mayor que aquella que rige los intereses individuales en la esfera privada o en la esfera comunitaria no hay cómo establecer el pacto democrático. Esta preocupación la verificamos tanto en la obra de J. Hawls (2000) que defiende el humanismo cívico como base de la justicia social, como de autores comunitaristas como M. Walzer (2003) que proponen una justicia redistributiva pluralista.
Las perspectivas de superación de la crisis de los Estados nacionales en América Latina y en Brasil pasan por el reconocimiento de que el desmantelamiento del Estado significa la desorganización de los sistemas simbólicos e institucionales de la nación, de la patria, del pueblo y de los derechos de ciudadanía, por un lado, y del conjunto de dispositivos económicos y fiscales, asistenciales y culturales que generan la solidaridad colectiva y territorial. En el momento, la cuestión democrática conoce dos enemigos. Uno de ellos está representado por los grandes grupos financieros y especulativos que organizan una estrategia para controlar los sistemas de poder nacionales y maximizar los mecanismos de apropiación de las rentas. El otro se refiere a los grupos oligárquicos y corporativistas atrincherados en el aparato estatal y que se posicionan contra procesos políticos participativos que puedan cuestionar la lógica de control sobre la producción y la distribución de riquezas. Este segundo enemigo de la democracia está particularmente presente en las sociedades de origen colonial que no conocieron la fuerza del liberalismo político europeo y las posibilidades del Estado de Bienestar Social.
La valorización de lo comunitario y de lo social como disposiciones nacionales depende, tradicionalmente, de la presencia del Estado materializado por regímenes republicanos democráticos como promotor de la justicia social por las políticas públicas. En esas sociedades cabe idealmente al Estado asegurar derechos y deberes para todos, garantizando políticas redistributivas que compensen los efectos aleatorios y caóticos del sistema capitalista sobre la vida nacional. Si en la condición postcolonial, en el siglo XX, la organización de dispositivos públicos de protección social encontró numerosas dificultades de implantación, es de preverse que el desmantelamiento de estos dispositivos por la privatización hacen mucho más precarias las condiciones de organización de las sociabilidades y de la ciudadanía en el contexto actual de la crisis; además de ampliar peligrosamente las desiguales condiciones de acceso a los bienes públicos y de tomar vulnerables los derechos colectivos.
La reforma del aparato burocrático estatal exige revalorizar el movimiento de la nacionalidad no como instrumento de manipulación de las multitudes como ocurre con los populismos de derecha y los fascismos. Tal reforma inspirada por una participación legítima y por la representación activa de individuos y grupos comprometidos con la democracia, debe impulsar un sentimiento patriótico y popular que reviva la ciudadanía. No hay cómo reorganizar las instituciones de poder a partir de adentro mismo del sistema burocrático y jurídico. Este puede ayudar en el sentido de garantizar las reglas legales y el funcionamiento transparente de las organizaciones estatales, pero es necesario, una amplia movilización nacional a favor del republicanismo solidario.
La bandera de lucha en este contexto es la del republicanismo solidario. Entiéndase por tal expresión un pacto republicanista orientado hacia la organización de la experiencia democrática a partir del énfasis en el bien común y en el pluralismo social, cultural y político como condición central para la manutención de la sociedad nacional abierta hacia la globalidad. P. Chanial recuerda que la delicada esencia de la democracia no puede ser asegurada por un estatuto legal pasivo debiendo implicar la dimensión propiamente política de los derechos humanos. Para el autor debería pensarse en un asociativismo cívico y un solidarismo republicano en el cual el entendimiento de la sociedad como un orden moral formada por la solidaridad social debería predominar sobre los intereses individualistas (Chanial, 2001, pp. 327-333).
El repubicanismo solidario parte del principio de que el pacto republicano social y liberal que hizo legítimos los modelos de desarrollo hasta el momento presente está fallido como sugiere S. Audier (2004, p.107). Para él, el republicanismo solidario contribuye a revelar nuestra dependencia en relación con el medio ambiente natural y cultural y, también, nuestra obligación en relación con la herencia que las generaciones anteriores nos dejaron (2004, p.108). Tal alerta es fundamental para la crítica al individualismo radical, consumista y antiecológico, difundido por el neoliberalismo y que debilitó el sentimiento de nacionalidad y está deconstruyendo el pacto republicano, liberal y patrimonialista, organizado en los siglos XIX y XX.
Seguramente, la perspectiva de superación de los republicanistas oligárquicos siempre fue el sueño de las izquierdas latinoamericanas. Pero tales ambiciones democráticas no preveían la posibilidad de desarticulación del propio republicanismo tradicional bajo el peso del neoliberalismo. La crisis, entonces, es estructural y constitucional, revelándose por la desarticulación de las políticas públicas y por el aumento de las desigualdades y las injusticias de carácter social y ambiental. La crisis republicana disminuye las perspectivas democráticas de garantía de libertad e igualdad para todos y por todos.
El pluralismo cultural y político aparece así como una innovación importante para reorganizar la nación, la patria, el pueblo y la ciudadanía, como dispositivos de refundación del republicanismo con bases solidarias.
En los países en los cuales se pone atención a este aspecto como Bolivia (Prada Alcoreza, 2014) y Canadá (Taylor, 1992), las ganancias son evidentes para el fomento de prácticas democráticas. El republicanismo solidario reorganiza la política por la unidad de
lo nacional que integra el pluralismo de identidades y subjetividades, abriendo márgenes para el multiculturalismo político (Fistetti, 2009). El filósofo y sociólogo canadiense Charles Taylor (1995) propone un patriotismo pluralista abierto a la diversidad de comunidades y busca promover la solidaridad entre ellas.
El llamado a los dispositivos de la organización de las solidaridades nacionalistas presentes en el republicanismo solidario plural no se orienta, vale resaltar, a reavivar las llamas del populismo o de otras modalidades autoritarias de manipulación de las poblaciones territoriales. Se trata de producir un nuevo pacto republicano que contribuya a reorganizar la acción pública democrática en varios niveles: de los partidos políticos, realineando los dispositivos de participación y de representación; de las políticas públicas, en la promoción de la educación, de la salud, del trabajo, del bienestar urbano, de la preservación ambiental, del pluralismo religioso; del reconocimiento de las diversidades de identidades de género, sexuales y étnicas; de la vida cívica, promoviendo los derechos y deberes asociativos.
El Estado tiene todavía el papel orgánico para viabilizar los procesos democráticos en el interior de las sociedades nacionales y reorganizar los pactos de poder republicanos aún en el contexto de una sociedad globalizada. Claro, él tiene límites importantes en los procesos de regulación y no se puede continuar soñando con el poder central uniforme que fue la base ideológica del nacional desarrollismo. El hecho es que la organización de lo político como fundamento simbólico de la democracia como experiencia social exige considerar la soberanía territorial de los aparatos jurídico, administrativo y burocrático.
Este es un punto de partida para concebir otros modelos de gestión más descentralizados que favorezcan la participación y la representación activa de la ciudadanía. Si compartimos esta idea de “imprescindibilidad” del Estado como dispositivo estratégico para pensar en lo político (a la par de las organizaciones comunitarias y cívicas) la cuestión es saber ¿cuáles son las condiciones políticas para hacer prosperar formas de gobierno democráticas nacionales? Luego, es necesario que los movimientos de la ciudadanía focalicen más intensamente el objetivo del bien común como condición de superación de las divergencias tradicionales entre la derecha y la izquierda (que eran formuladas dentro del pacto republicano postcolonial). Esta es una condición para visualizar nuevas modalidades y prácticas democráticas, considerando los locales en donde se producen la vida comunitaria y asociativa.
Regímenes democráticos no pueden prescindir de la existencia de los aparatos administrativos y jurídicos que regulen los espacios de disputas y de negociaciones entre las diversas fuerzas sociales y políticas internas y externas en el plano macroterritorial. Las presiones neoliberales para desterritorializar funciones estratégicas del Estado apenas resultan en prácticas fascistas y populistas conservadoras que contribuyen a desorganizar las instituciones sociales. Con eso, los procesos participativos son modos de oxigenación fundamentales para permitir la renovación de los regímenes políticos democráticos al lado de otros mecanismos de representación activa. Finalmente, es fundamental incentivar la creación de formas de gobierno participativas que respondan con competencia y sensibilidad las demandas de los movimientos sociales y comunitarios en la organización
de la experiencia democrática en los planes de vida local y nacional, fortaleciendo las luchas por la inclusión social y el fortalecimiento de los derechos comunes.
Traducción al español: Luiza Gonzalves
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