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servicios logísticos, financieros y legales con la especulación comercial e inmobiliaria. Sus
dueños constituyeron, bajo el dominio de la fracción financiera de la clase capitalista, el
bloque hegemónico en el poder.
El bloque hegemónico capturo al Estado, palanca de poder fundamental para asegurar
sus intereses, dentro de una pugna interburguesa en la que se disputan el control de las
instituciones y la repartición de los recursos públicos. Es la competencia en el mercado
mediada a través de cuotas de influencia estatal compradas en las elecciones, corrompiendo
el todo de la institucionalidad. Ese Estado a su vez, despliega mecanismos de cooptación y
coerción para mitigar los conflictos sociales inevitables ante la desigual distribución de las
riquezas.
La contradicción del modelo se encuentra en que, para seguir acumulando a partir de
la extracción de renta, tiene que atraer los capitales al territorio para que lo utilicen como
lugar de paso, sea para el movimiento de personas, mercancías o dinero. La única forma de
continuar atrayendo los capitales es sacrificando a la sociedad, explotando cada vez más a la
fuerza de trabajo y al medio ambiente, manteniendo la tasa de ganancia con regulaciones
laxas que reducen el “costo de hacer negocios en Panamá”, incluyendo mayores
exoneraciones de tributos. Precisamente las reformas que buscan los gremios empresariales
imponer tras la pandemia. Pero al aumentar la explotación laboral y ambiental y reducir los
impuestos que redistribuye el Estado en servicios públicos, inevitablemente recrudecen los
conflictos sociales que reafirman el agotamiento del modelo.
Urge una transición hacia un nuevo modelo, que implica romper con 500 años de
subordinar la posición geográfica a la codicia del capital, para transitar hacia una sociedad
que desarrolla las potencialidades del territorio al servicio de la vida de los seres humanos y
la naturaleza. Una sociedad del conocimiento para la vida, que democratiza, dinamiza y
diversifica la producción, distribuyendo con equidad los excedentes con empresas
cooperativas, redistribuyendo para garantizar los derechos sociales mediante servicios
públicos universales, matriz energética distribuida de renovables para reducir la presión sobre
los ecosistemas, e integración económica latinoamericana para cambiar las relaciones