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Autonomía financiera como mecanismo de gestión pública eficiente: ventajas,
limitaciones y su impacto en la Administración Pública
Financial autonomy as an efficient public management mechanism: advantages,
limitations and its impact on public administration
Emmanuel M. Venado J.
Contraloría General de la República de Panamá, Panamá. manueljotta94@gmail.com
https://orcid.org/ 0000-0001-7343-0616
Geritzel I. Pulgarín
Contraloría General de la República de Panamá, Panamá. geritzel@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0009-8300-1730
Fecha de Recepción: 20 de febrero de 2024
Fecha de Aprobación: 26 de abril de 2024
Resumen
Dentro de este ensayo buscamos poder comprender en profundidad cómo la
autonomía financiera impacta en la administración pública, identificando algunos
beneficios de poder ponerlo en práctica, y en conjunto identificar los posibles obstáculos
y limitaciones que enfrentan las entidades con autonomía financiera. Como resultado de
reforzar el conocimiento sobre esta herramienta con diversos autores, podemos
mencionar que la autonomía financiera es un mecanismo que se basa en la capacidad
de administrar los propios recursos financieros de manera independiente. Incluir esta
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herramienta en la gestión pública conlleva diversas ventajas como: mayor eficiencia en
la asignación de recursos, un enfoque más transparente, entre otras. Sin embargo, la
administración pública y la gestión presupuestaria del sector público presentan
limitaciones en función de que las necesidades de la población son ilimitadas y los
recursos son finitos. De este modo, debemos tomar en cuenta que el camino hacia una
nueva gestión pública, eficaz y eficiente, reconoce la necesidad de evaluar la posibilidad
de implementar la autonomía financiera como mecanismo para incrementar la eficiencia
de la gestión pública. Podemos concluir con la principal idea que, las entidades
gubernamentales, al adoptar este mecanismo interesante, pueden adaptar sus políticas
y presupuestos de manera más ágil, respondiendo rápidamente a las necesidades y
demandas cambiantes de la sociedad, y con los controles adecuados reflejarían un
manejo transparente y eficaz.
Palabras clave: gestión, gestión basada en los resultados, gestión de registros,
planificación empresarial, rendición de cuentas, administración de empresas, asignación
de recursos
Abstract.
Within this essay we seek to understand in depth how financial autonomy impacts
public administration, identifying some benefits of being able to put it into practice, and
together identifying the possible obstacles and limitations faced by entities with financial
autonomy. As a result of reinforcing knowledge about this tool with various authors, we
can mention that financial autonomy is a mechanism that is based on the ability to manage
one's own financial resources independently. Including this tool in public management
brings various advantages such as: greater efficiency in resource allocation, a more
transparent approach, among others. However, public administration and budget
management of the public sector present limitations based on the fact that the needs of
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herramienta en la gestión pública conlleva diversas ventajas como: mayor eficiencia en
la asignación de recursos, un enfoque más transparente, entre otras. Sin embargo, la
administración pública y la gestión presupuestaria del sector público presentan
limitaciones en función de que las necesidades de la población son ilimitadas y los
recursos son finitos. De este modo, debemos tomar en cuenta que el camino hacia una
nueva gestión pública, eficaz y eficiente, reconoce la necesidad de evaluar la posibilidad
de implementar la autonomía financiera como mecanismo para incrementar la eficiencia
de la gestión pública. Podemos concluir con la principal idea que, las entidades
gubernamentales, al adoptar este mecanismo interesante, pueden adaptar sus políticas
y presupuestos de manera más ágil, respondiendo rápidamente a las necesidades y
demandas cambiantes de la sociedad, y con los controles adecuados reflejarían un
manejo transparente y eficaz.
Palabras clave: gestión, gestión basada en los resultados, gestión de registros,
planificación empresarial, rendición de cuentas, administración de empresas, asignación
de recursos
Abstract.
Within this essay we seek to understand in depth how financial autonomy impacts
public administration, identifying some benefits of being able to put it into practice, and
together identifying the possible obstacles and limitations faced by entities with financial
autonomy. As a result of reinforcing knowledge about this tool with various authors, we
can mention that financial autonomy is a mechanism that is based on the ability to manage
one's own financial resources independently. Including this tool in public management
brings various advantages such as: greater efficiency in resource allocation, a more
transparent approach, among others. However, public administration and budget
management of the public sector present limitations based on the fact that the needs of
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the population are unlimited and resources are finite, thus we must take into account that
the path towards a new, effective and public management efficient recognizes the need
to evaluate the possibility of implementing financial autonomy as a mechanism to increase
the efficiency of public management. We can conclude with the main idea that, by adopting
this interesting mechanism, government entities can adapt their policies and budgets in a
more agile way, responding quickly to the changing needs and demands of society, and
with adequate controls they would reflect transparent and effective management.
Keywords: management, management based on results, record management, business
planning, accountability, business administration, resource allocation.
Introducción
La autonomía financiera es un mecanismo que se aplica tanto en organizaciones
privadas, como a entidades gubernamentales. En la administración pública, la autonomía
financiera se refiere a la capacidad de una entidad pública para financiar y gestionar sus
recursos de forma independiente, sin la necesidad únicamente de fuentes financieras del
Estado.
Para el desarrollo de este documento, recopilamos la posición teórica sobre la
autonomía financiera o autogestión, desde el punto de vista del control interno, la política
pública y la relación económico-social de sus principales características. De este modo,
obtenemos un criterio general de la autogestión financiera-presupuestaria, de
conformidad con las definiciones conceptuales y normativas, en Panamá.
Debemos mencionar que existen limitaciones de pensamiento, de ejecución y de
aprovechamiento, relacionadas con la concepción misma de la recaudación institucional
en materia de prestación de servicios públicos, a razón de que la provisión de bienes y
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the population are unlimited and resources are finite, thus we must take into account that
the path towards a new, effective and public management efficient recognizes the need
to evaluate the possibility of implementing financial autonomy as a mechanism to increase
the efficiency of public management. We can conclude with the main idea that, by adopting
this interesting mechanism, government entities can adapt their policies and budgets in a
more agile way, responding quickly to the changing needs and demands of society, and
with adequate controls they would reflect transparent and effective management.
Keywords: management, management based on results, record management, business
planning, accountability, business administration, resource allocation.
Introducción
La autonomía financiera es un mecanismo que se aplica tanto en organizaciones
privadas, como a entidades gubernamentales. En la administración pública, la autonomía
financiera se refiere a la capacidad de una entidad pública para financiar y gestionar sus
recursos de forma independiente, sin la necesidad únicamente de fuentes financieras del
Estado.
Para el desarrollo de este documento, recopilamos la posición teórica sobre la
autonomía financiera o autogestión, desde el punto de vista del control interno, la política
pública y la relación económico-social de sus principales características. De este modo,
obtenemos un criterio general de la autogestión financiera-presupuestaria, de
conformidad con las definiciones conceptuales y normativas, en Panamá.
Debemos mencionar que existen limitaciones de pensamiento, de ejecución y de
aprovechamiento, relacionadas con la concepción misma de la recaudación institucional
en materia de prestación de servicios públicos, a razón de que la provisión de bienes y
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servicios públicos es una función estatal; sin embargo, es aquí donde evaluamos la
posibilidad de utilizar los sistemas de autogestión institucional como un mecanismo de
implementación de una política pública eficiente, eficaz y su extensión hacia la evaluación
por resultados.
Desarrollo
Para iniciar con nuestro ensayo sobre la autonomía financiera en la gestión
pública, es relevante mencionar el significado de la palabra “autonomía”, que encaminará,
en su mayoría, el objetivo de este artículo. Según la Real Academia Española, autonomía
es la potestad de decidir la propia organización y ejercer funciones, públicas o privadas,
sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y las leyes. Es decir, dicho
término implica tener capacidad para tomar decisiones y actuar de manera
independiente, de acuerdo con los criterios propios y objetivos planteados.
Dentro del contexto de la autonomía, la autogestión se convierte en un mecanismo
clave para ejercer esa autonomía de manera efectiva. La autogestión dentro de la
autonomía implica que las entidades u organizaciones tienen la capacidad no solo de
tomar decisiones de manera independiente, sino también de gestionar sus propios
asuntos de manera autónoma y colectiva.
Este concepto de autogestión incluye, dentro de sus diferentes interpretaciones,
aspectos sociales, administrativos, económicos y financieros que a lo largo de los años
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servicios públicos es una función estatal; sin embargo, es aquí donde evaluamos la
posibilidad de utilizar los sistemas de autogestión institucional como un mecanismo de
implementación de una política pública eficiente, eficaz y su extensión hacia la evaluación
por resultados.
Desarrollo
Para iniciar con nuestro ensayo sobre la autonomía financiera en la gestión
pública, es relevante mencionar el significado de la palabra “autonomía”, que encaminará,
en su mayoría, el objetivo de este artículo. Según la Real Academia Española, autonomía
es la potestad de decidir la propia organización y ejercer funciones, públicas o privadas,
sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución y las leyes. Es decir, dicho
término implica tener capacidad para tomar decisiones y actuar de manera
independiente, de acuerdo con los criterios propios y objetivos planteados.
Dentro del contexto de la autonomía, la autogestión se convierte en un mecanismo
clave para ejercer esa autonomía de manera efectiva. La autogestión dentro de la
autonomía implica que las entidades u organizaciones tienen la capacidad no solo de
tomar decisiones de manera independiente, sino también de gestionar sus propios
asuntos de manera autónoma y colectiva.
Este concepto de autogestión incluye, dentro de sus diferentes interpretaciones,
aspectos sociales, administrativos, económicos y financieros que a lo largo de los años
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han sido abordados por distintos autores y corrientes de pensamiento económico, entre
los cuales mencionamos los siguientes.
Según, Peiró. (2020), la autogestión se puede interpretar como un sistema de
organización mediante el cual los trabajadores participan en todas las decisiones
generales, de manera que son capaces de llevar a cabo tareas de administración,
producción, autoevaluación y autoexigencia, sugiriendo que esta se relaciona con la
capacidad de gestionar las cosas de manera autónoma que, desde una perspectiva
económica, se caracteriza por la capacidad de controlar, tomar decisiones y autoevaluar
los resultados obtenidos.
Posteriormente, en 2004, el Instituto de Estudios Cooperativos LANKI, definió la
autogestión como la constitución y funcionamiento de instituciones o comunidades
basadas en la autonomía, en la capacidad de decisión de las personas.
De conformidad con lo expuesto, observamos que el concepto de la autogestión
evoluciona a partir de la autonomía, autoevaluación y la capacidad propia de tomar
decisiones, convirtiéndose en un sistema de gestión que busca la mejora continua a
través de la evaluación de los resultados obtenidos y la reingeniería de los procesos
existentes. De modo que, la autogestión financiera podría traducirse como la capacidad
de generar, administrar y tomar decisiones sobre el uso de los recursos obtenidos.
Un alto grado de autonomía en la toma de decisiones financieras para la gestión
pública buscaría maximizar la eficiencia y la transparencia en el uso de los fondos
públicos, ya que implicaría que las entidades gubernamentales sean responsables de
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han sido abordados por distintos autores y corrientes de pensamiento económico, entre
los cuales mencionamos los siguientes.
Según, Peiró. (2020), la autogestión se puede interpretar como un sistema de
organización mediante el cual los trabajadores participan en todas las decisiones
generales, de manera que son capaces de llevar a cabo tareas de administración,
producción, autoevaluación y autoexigencia, sugiriendo que esta se relaciona con la
capacidad de gestionar las cosas de manera autónoma que, desde una perspectiva
económica, se caracteriza por la capacidad de controlar, tomar decisiones y autoevaluar
los resultados obtenidos.
Posteriormente, en 2004, el Instituto de Estudios Cooperativos LANKI, definió la
autogestión como la constitución y funcionamiento de instituciones o comunidades
basadas en la autonomía, en la capacidad de decisión de las personas.
De conformidad con lo expuesto, observamos que el concepto de la autogestión
evoluciona a partir de la autonomía, autoevaluación y la capacidad propia de tomar
decisiones, convirtiéndose en un sistema de gestión que busca la mejora continua a
través de la evaluación de los resultados obtenidos y la reingeniería de los procesos
existentes. De modo que, la autogestión financiera podría traducirse como la capacidad
de generar, administrar y tomar decisiones sobre el uso de los recursos obtenidos.
Un alto grado de autonomía en la toma de decisiones financieras para la gestión
pública buscaría maximizar la eficiencia y la transparencia en el uso de los fondos
públicos, ya que implicaría que las entidades gubernamentales sean responsables de
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administrar sus propios recursos financieros de manera efectiva, tomando decisiones
financieras estratégicas para promover el bienestar económico y social de la comunidad.
En ese sentido, Martans (2009), afirma en un artículo sobre la autogestión
financiera de distritos y municipios, sugiere que es necesario transformar la concepción
del estado centralizado, hacia una descentralización que permita la autonomía en la
generación, administración y gestión de recursos, a la par de un permanente y estricto
control del manejo de los recursos generados.
Por lo anterior, la descentralización de la recaudación en las entidades públicas
relacionadas con el sistema financiero autogestionado encontraría una de sus principales
ventajas en la reducción del riesgo asociado al financiamiento de los programas
presupuestarios y la confección de productos y servicios especializados que generen
mejores resultados, a través de la innovación tecnológica y el desarrollo de procesos
administrativos que incrementen la eficiencia y eficacia en la provisión de bienes y
servicios públicos.
Sin embargo, es necesario la creación de controles que nos permitan alcanzar la
eficiencia necesaria para facilitar tanto la planificación de la política institucional como la
ejecución y evaluación de sus resultados. Requiere la formulación de procedimientos que
definan e integren cada una de las etapas del proceso presupuestario aplicado a la
autogestión financiera.
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administrar sus propios recursos financieros de manera efectiva, tomando decisiones
financieras estratégicas para promover el bienestar económico y social de la comunidad.
En ese sentido, Martans (2009), afirma en un artículo sobre la autogestión
financiera de distritos y municipios, sugiere que es necesario transformar la concepción
del estado centralizado, hacia una descentralización que permita la autonomía en la
generación, administración y gestión de recursos, a la par de un permanente y estricto
control del manejo de los recursos generados.
Por lo anterior, la descentralización de la recaudación en las entidades públicas
relacionadas con el sistema financiero autogestionado encontraría una de sus principales
ventajas en la reducción del riesgo asociado al financiamiento de los programas
presupuestarios y la confección de productos y servicios especializados que generen
mejores resultados, a través de la innovación tecnológica y el desarrollo de procesos
administrativos que incrementen la eficiencia y eficacia en la provisión de bienes y
servicios públicos.
Sin embargo, es necesario la creación de controles que nos permitan alcanzar la
eficiencia necesaria para facilitar tanto la planificación de la política institucional como la
ejecución y evaluación de sus resultados. Requiere la formulación de procedimientos que
definan e integren cada una de las etapas del proceso presupuestario aplicado a la
autogestión financiera.
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Importancia de los controles en los fondos de autogestión
Como ya se ha mencionado, es fundamental crear controles y procedimientos
claros, ya que estos acarrean múltiples ventajas para la administración-
El autor Rodrigues, N. (2024), menciona las siguientes:
• Estandarización, para establecer procesos consistentes y uniformes en toda
la organización, garantizando la calidad y la coherencia en la ejecución de tareas.
• Claridad, proporcionando una guía detallada sobre cómo realizar cada
tarea, reduciendo la ambigüedad y las confusiones entre los empleados.
• Eficiencia, al definir los pasos a seguir en cada proceso, minimizando los
tiempos muertos y optimizando el uso de recursos.
• Formación y capacitación, que facilita el entrenamiento de nuevos
empleados al proporcionarles una referencia clara de los procedimientos a seguir.
• Mejora continua, identificando áreas de mejora en los procesos según sea
necesario, promoviendo así la evolución y la innovación dentro de la organización.
• Cumplimiento normativo, para asegurar el cumplimiento de regulaciones y
estándares internos y externos, reduciendo el riesgo de errores y sanciones legales.
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Importancia de los controles en los fondos de autogestión
Como ya se ha mencionado, es fundamental crear controles y procedimientos
claros, ya que estos acarrean múltiples ventajas para la administración-
El autor Rodrigues, N. (2024), menciona las siguientes:
• Estandarización, para establecer procesos consistentes y uniformes en toda
la organización, garantizando la calidad y la coherencia en la ejecución de tareas.
• Claridad, proporcionando una guía detallada sobre cómo realizar cada
tarea, reduciendo la ambigüedad y las confusiones entre los empleados.
• Eficiencia, al definir los pasos a seguir en cada proceso, minimizando los
tiempos muertos y optimizando el uso de recursos.
• Formación y capacitación, que facilita el entrenamiento de nuevos
empleados al proporcionarles una referencia clara de los procedimientos a seguir.
• Mejora continua, identificando áreas de mejora en los procesos según sea
necesario, promoviendo así la evolución y la innovación dentro de la organización.
• Cumplimiento normativo, para asegurar el cumplimiento de regulaciones y
estándares internos y externos, reduciendo el riesgo de errores y sanciones legales.
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Podemos afirmar nuestra posición con las ventajas antes mencionadas que los
controles en los fondos de autogestión son fundamentales para garantizar la
transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos. Además, puede
ayudar a prevenir fraudes y malversaciones. Los controles establecidos son herramientas
claves para asegurar una gestión responsable y efectiva de los recursos financieros en
el ámbito de la autogestión.
En Panamá, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 280, numeral 2, de la
Constitución Política, la Contraloría General de la República es el ente encargado de
fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de
fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, según lo
establecido en la Ley.
Del mismo modo, el Artículo 36 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, por la
cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, indica que esta
dictará reglamentos que contengan pautas que sirvan de base a la actuación de las
personas que manejen fondos o bienes públicos, sujetándose a lo que establezcan las
normas legales pertinentes, y el Artículo 38 de la citada Ley, donde establece que
mantendrá un control efectivo sobre todos los ingresos del Estado y demás entidades
públicas, para lo cual tendrá acceso a los registros y documentos respectivos, nos indican
que toda forma de ingreso al Estado deberá ser fiscalizado mediante control previo o
posterior, por la Contraloría General de la República.
Así las cosas, nos referimos al Artículo 272 de la Ley 418 de 29 de diciembre de
2023, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2024, el cual
enmarca los fondos de Gestión Institucional dentro de la categoría de ingresos generados
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Podemos afirmar nuestra posición con las ventajas antes mencionadas que los
controles en los fondos de autogestión son fundamentales para garantizar la
transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente de los recursos. Además, puede
ayudar a prevenir fraudes y malversaciones. Los controles establecidos son herramientas
claves para asegurar una gestión responsable y efectiva de los recursos financieros en
el ámbito de la autogestión.
En Panamá, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 280, numeral 2, de la
Constitución Política, la Contraloría General de la República es el ente encargado de
fiscalizar y regular, mediante el control previo o posterior, todos los actos de manejo de
fondos y otros bienes públicos, a fin de que se realicen con corrección, según lo
establecido en la Ley.
Del mismo modo, el Artículo 36 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984, por la
cual se adopta la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, indica que esta
dictará reglamentos que contengan pautas que sirvan de base a la actuación de las
personas que manejen fondos o bienes públicos, sujetándose a lo que establezcan las
normas legales pertinentes, y el Artículo 38 de la citada Ley, donde establece que
mantendrá un control efectivo sobre todos los ingresos del Estado y demás entidades
públicas, para lo cual tendrá acceso a los registros y documentos respectivos, nos indican
que toda forma de ingreso al Estado deberá ser fiscalizado mediante control previo o
posterior, por la Contraloría General de la República.
Así las cosas, nos referimos al Artículo 272 de la Ley 418 de 29 de diciembre de
2023, que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2024, el cual
enmarca los fondos de Gestión Institucional dentro de la categoría de ingresos generados
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por las unidades administrativas de las entidades cuya finalidad es solventar gastos
específicos y que deberán incorporarse al Presupuesto General del Estado, para poder
hacer uso de este recurso, por ende, estarán regulados de conformidad con lo establecido
por la Contraloría General, en materia de manejo de fondos públicos.
De lo anterior se desprende la necesidad de crear normas y procedimientos de
gestión financiera que no se aparten de las normas generales de administración
gubernamental y el cumplimiento normativo vigente, pero que permitan a las entidades
públicas el aprovechamiento de los recursos captados mediante la prestación de
servicios especializados. Además, requiere formular nuevos sistemas de evaluación e
indicadores que faciliten su evaluación, en función de que los fondos de autogestión
institucional deben definir, dentro de su objetivo, las actividades específicas y los
resultados esperados, obteniendo así un esquema de valoración financiera orientada a
resultados.
Un ejemplo de esto serían las implicaciones municipales adquiridas mediante la
descentralización de la administración pública, que vincula la programación financiera
local, entendida como las fuentes y usos de recursos financieros aplicados a los
gobiernos locales, con base en su presupuesto anual y el desarrollo de un plan operativo,
con el concepto de autonomía, definida como la capacidad de normar, regular y
administrar asuntos de su competencia (Ley de Descentralización, 2009). Tomando en
cuenta que esta “descentralización” es aplicable de forma gradual, la autonomía
financiera dentro de la gestión pública, de igual manera, podría aplicarse
progresivamente, de forma ordenada, regulada y responsable.
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por las unidades administrativas de las entidades cuya finalidad es solventar gastos
específicos y que deberán incorporarse al Presupuesto General del Estado, para poder
hacer uso de este recurso, por ende, estarán regulados de conformidad con lo establecido
por la Contraloría General, en materia de manejo de fondos públicos.
De lo anterior se desprende la necesidad de crear normas y procedimientos de
gestión financiera que no se aparten de las normas generales de administración
gubernamental y el cumplimiento normativo vigente, pero que permitan a las entidades
públicas el aprovechamiento de los recursos captados mediante la prestación de
servicios especializados. Además, requiere formular nuevos sistemas de evaluación e
indicadores que faciliten su evaluación, en función de que los fondos de autogestión
institucional deben definir, dentro de su objetivo, las actividades específicas y los
resultados esperados, obteniendo así un esquema de valoración financiera orientada a
resultados.
Un ejemplo de esto serían las implicaciones municipales adquiridas mediante la
descentralización de la administración pública, que vincula la programación financiera
local, entendida como las fuentes y usos de recursos financieros aplicados a los
gobiernos locales, con base en su presupuesto anual y el desarrollo de un plan operativo,
con el concepto de autonomía, definida como la capacidad de normar, regular y
administrar asuntos de su competencia (Ley de Descentralización, 2009). Tomando en
cuenta que esta “descentralización” es aplicable de forma gradual, la autonomía
financiera dentro de la gestión pública, de igual manera, podría aplicarse
progresivamente, de forma ordenada, regulada y responsable.
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Gestión pública eficiente
La Organización de las Naciones Unidas define la gestión pública para el
desarrollo como aquella que implica planificar, movilizar, desplegar, organizar y
transformar recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y metodológicos
para proveer, asignar y distribuir bienes y servicios públicos tangibles e intangibles,
solucionando problemas o satisfaciendo necesidades, originando resultados
significativos para la sociedad y el país, consistentes con los objetivos gubernamentales,
en forma eficiente, eficaz y equitativa, creando valor público para la sociedad como un
colectivo.
Si bien la Gestión Pública está llamada a proveer bienes y servicios públicos
acordes a las necesidades de la población, la búsqueda de la eficiencia y la eficacia
administrativa a través de una correcta recaudación y asignación de los recursos nos
lleva a planificar tomando como principal objetivo la maximización del beneficio total
recibido por los usuarios de las diferentes entidades gubernamentales.
De este modo, Marcel, Sanginés y Martínez (2020), señalan en su publicación “La
mejora del gasto público a través del presupuesto basado en desempeño” que, a partir
de 2005, la mayoría de los países han emprendido cambios institucionales que apuntan
a una gestión pública más orientada a resultados. En general, el espíritu de estas
innovaciones es estimular la eficiencia y la eficacia de la acción pública, promover la
transparencia de la gestión de los recursos y estimular la participación ciudadana en las
políticas públicas.
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Gestión pública eficiente
La Organización de las Naciones Unidas define la gestión pública para el
desarrollo como aquella que implica planificar, movilizar, desplegar, organizar y
transformar recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y metodológicos
para proveer, asignar y distribuir bienes y servicios públicos tangibles e intangibles,
solucionando problemas o satisfaciendo necesidades, originando resultados
significativos para la sociedad y el país, consistentes con los objetivos gubernamentales,
en forma eficiente, eficaz y equitativa, creando valor público para la sociedad como un
colectivo.
Si bien la Gestión Pública está llamada a proveer bienes y servicios públicos
acordes a las necesidades de la población, la búsqueda de la eficiencia y la eficacia
administrativa a través de una correcta recaudación y asignación de los recursos nos
lleva a planificar tomando como principal objetivo la maximización del beneficio total
recibido por los usuarios de las diferentes entidades gubernamentales.
De este modo, Marcel, Sanginés y Martínez (2020), señalan en su publicación “La
mejora del gasto público a través del presupuesto basado en desempeño” que, a partir
de 2005, la mayoría de los países han emprendido cambios institucionales que apuntan
a una gestión pública más orientada a resultados. En general, el espíritu de estas
innovaciones es estimular la eficiencia y la eficacia de la acción pública, promover la
transparencia de la gestión de los recursos y estimular la participación ciudadana en las
políticas públicas.
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Igualmente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su
publicación sobre el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, alegan que la
gobernanza efectiva es la base del desarrollo sostenible en todas sus dimensiones,
económica, social y ambiental. Indicando, además, que las instituciones eficaces,
responsables e inclusivas son esenciales para el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), como se evidencia en el ODS 16 y de manera transversal en toda la
Agenda 2030.
En ese mismo orden de ideas, la política pública moderna, dirigida a la
administración eficiente de los recursos públicos y el fortalecimiento de la democracia,
transparencia y rendición de cuentas, así como la lucha contra la corrupción, dicta el
camino a seguir en términos de gestión administrativa pública que, a su vez, demanda
señalamientos de manejo financiero para este sector, pues de acuerdo con lo señalado
por Zapata, Rojas y Medellín, (Bogotá. 2018) en su trabajo sobre Proyectos para el
Fortalecimiento de la Gestión Financiera Pública (GFP) en Colombia, es necesario
formular una política rectora de la GFP, que organice y oriente el manejo financiero en las
instituciones públicas hacia los principios contemporáneos de transparencia y rendición
de cuentas por resultados e impacto en la gestión fiscal.
Finalmente, la forma en la que se lleva a cabo la administración pública, a la que
nos referiremos como “tradicional”, cuya interpretación se ciñe al criterio objetivo en la
aplicación de las normas jurídicas vigentes y la centralización para la gestión
presupuestaria, requiere una reevaluación del enfoque administrativo financiero, pues tal
y como hemos visto, la medición del ejercicio administrativo depende de muchos factores
que varían de acuerdo a la naturaleza de las instituciones públicas, el servicio que brindan
y su alcance, motivo por el cual, estas limitaciones para la gestión del recurso, en algunos
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Igualmente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su
publicación sobre el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, alegan que la
gobernanza efectiva es la base del desarrollo sostenible en todas sus dimensiones,
económica, social y ambiental. Indicando, además, que las instituciones eficaces,
responsables e inclusivas son esenciales para el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), como se evidencia en el ODS 16 y de manera transversal en toda la
Agenda 2030.
En ese mismo orden de ideas, la política pública moderna, dirigida a la
administración eficiente de los recursos públicos y el fortalecimiento de la democracia,
transparencia y rendición de cuentas, así como la lucha contra la corrupción, dicta el
camino a seguir en términos de gestión administrativa pública que, a su vez, demanda
señalamientos de manejo financiero para este sector, pues de acuerdo con lo señalado
por Zapata, Rojas y Medellín, (Bogotá. 2018) en su trabajo sobre Proyectos para el
Fortalecimiento de la Gestión Financiera Pública (GFP) en Colombia, es necesario
formular una política rectora de la GFP, que organice y oriente el manejo financiero en las
instituciones públicas hacia los principios contemporáneos de transparencia y rendición
de cuentas por resultados e impacto en la gestión fiscal.
Finalmente, la forma en la que se lleva a cabo la administración pública, a la que
nos referiremos como “tradicional”, cuya interpretación se ciñe al criterio objetivo en la
aplicación de las normas jurídicas vigentes y la centralización para la gestión
presupuestaria, requiere una reevaluación del enfoque administrativo financiero, pues tal
y como hemos visto, la medición del ejercicio administrativo depende de muchos factores
que varían de acuerdo a la naturaleza de las instituciones públicas, el servicio que brindan
y su alcance, motivo por el cual, estas limitaciones para la gestión del recurso, en algunos
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casos, crea barreras que impiden la transición de una Gestión Pública tradicional hacia
una Gestión Pública Eficiente.
Consideraciones finales
El fortalecimiento del control interno y la estandarización de los procesos en cada
una de las instituciones que conforman el sector público es uno de los principales
objetivos de la administración eficiente. Esto no solo involucra el correcto manejo de las
finanzas públicas a través de la gestión presupuestaria y una correcta política fiscal, sino
que demanda, de parte de las entidades públicas, en muchos casos, la búsqueda de
recursos adicionales que les permitan cumplir responsablemente con los programas
institucionales cuyas necesidades, en ocasiones, sobrepasan su capacidad
presupuestaria.
Del mismo modo, observamos que estos controles, al paso del tiempo y
contemplando cambios relacionados con el nivel tecnológico, siendo fundamentales en
el incremento de la eficacia gubernamental, requieren actualizaciones en materia
procedimental y de evaluación, en función de que la gestión administrativa establece
entre sus principales objetivos, la optimización de los resultados obtenidos que, en
materia financiera, se traduciría como producir los mejores resultados alcanzables, al
menor coste posible.
No obstante, una correcta gestión económico-financiera de los recursos públicos
debe realizarse con apego a las normas legales y en coordinación con los objetivos
institucionales, por lo que el fortalecimiento del control interno y los procedimientos de
fiscalización de estos fondos resultan imperantes, motivo por el cual, la estandarización
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casos, crea barreras que impiden la transición de una Gestión Pública tradicional hacia
una Gestión Pública Eficiente.
Consideraciones finales
El fortalecimiento del control interno y la estandarización de los procesos en cada
una de las instituciones que conforman el sector público es uno de los principales
objetivos de la administración eficiente. Esto no solo involucra el correcto manejo de las
finanzas públicas a través de la gestión presupuestaria y una correcta política fiscal, sino
que demanda, de parte de las entidades públicas, en muchos casos, la búsqueda de
recursos adicionales que les permitan cumplir responsablemente con los programas
institucionales cuyas necesidades, en ocasiones, sobrepasan su capacidad
presupuestaria.
Del mismo modo, observamos que estos controles, al paso del tiempo y
contemplando cambios relacionados con el nivel tecnológico, siendo fundamentales en
el incremento de la eficacia gubernamental, requieren actualizaciones en materia
procedimental y de evaluación, en función de que la gestión administrativa establece
entre sus principales objetivos, la optimización de los resultados obtenidos que, en
materia financiera, se traduciría como producir los mejores resultados alcanzables, al
menor coste posible.
No obstante, una correcta gestión económico-financiera de los recursos públicos
debe realizarse con apego a las normas legales y en coordinación con los objetivos
institucionales, por lo que el fortalecimiento del control interno y los procedimientos de
fiscalización de estos fondos resultan imperantes, motivo por el cual, la estandarización
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de los informes de evaluación de los diferentes fondos de autogestión debe ser cónsono
a los programas operativos, objetivos institucionales y las normas presupuestarias.
La autogestión de fondos públicos permite la obtención de ingresos adicionales
que, dada la naturaleza de las instituciones, pueden focalizarse en solventar las
necesidades apremiantes cuya finalidad sea cumplir con la misión institucional, de tal
modo que se pueden realizar las apreciaciones siguientes:
• Fortalecimiento de los instrumentos de control interno, a través
de la estandarización de procedimientos orientados a resultados que
permitan una valoración real de las actividades específicas de las
instituciones que utilicen la autogestión financiera como mecanismo de
obtención y ejecución de recursos.
• Promoción del desarrollo de programas especiales, alineados
estratégicamente a la política pública, los ODS y las necesidades
apremiantes, de forma que no se burocratice la ejecución de los fondos
financieros institucionales.
• Fiscalización mediante el control posterior ejercido por la
Contraloría General, la ejecución financiera de los recursos institucionales
bajo la figura de la autogestión, aplicando indicadores de cumplimiento y
eficiencia para fortalecer la transparencia y la autonomía administrativa.
• Evaluación de la descentralización como una forma de la
gestión financiera pública hacia las entidades que actualmente cuentan con
fondos autogestionados, de forma gradual, ordenada y responsable,
monitoreando y evaluando sus resultados, para colaborar al incremento de
la eficiencia de las instituciones que conforman el sector público.
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de los informes de evaluación de los diferentes fondos de autogestión debe ser cónsono
a los programas operativos, objetivos institucionales y las normas presupuestarias.
La autogestión de fondos públicos permite la obtención de ingresos adicionales
que, dada la naturaleza de las instituciones, pueden focalizarse en solventar las
necesidades apremiantes cuya finalidad sea cumplir con la misión institucional, de tal
modo que se pueden realizar las apreciaciones siguientes:
• Fortalecimiento de los instrumentos de control interno, a través
de la estandarización de procedimientos orientados a resultados que
permitan una valoración real de las actividades específicas de las
instituciones que utilicen la autogestión financiera como mecanismo de
obtención y ejecución de recursos.
• Promoción del desarrollo de programas especiales, alineados
estratégicamente a la política pública, los ODS y las necesidades
apremiantes, de forma que no se burocratice la ejecución de los fondos
financieros institucionales.
• Fiscalización mediante el control posterior ejercido por la
Contraloría General, la ejecución financiera de los recursos institucionales
bajo la figura de la autogestión, aplicando indicadores de cumplimiento y
eficiencia para fortalecer la transparencia y la autonomía administrativa.
• Evaluación de la descentralización como una forma de la
gestión financiera pública hacia las entidades que actualmente cuentan con
fondos autogestionados, de forma gradual, ordenada y responsable,
monitoreando y evaluando sus resultados, para colaborar al incremento de
la eficiencia de las instituciones que conforman el sector público.
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Referencias bibliográficas
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e_Distritos_Municipios.pdf
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eficiente es clave para “reconstruir mejor” y lograr los ODS.
https://www.undp.org/es/el-salvador/noticias/la-administracion-publica-eficiente-
es-clave-para-reconstruir-mejor-y-lograr-los-ods
Organización de las Naciones Unidas (24 DE FEBRERO DE 2021). El Salvador comparte
experiencia y aportes para la construcción de indicadores globales del ODS 16.
https://www.undp.org/es/el-salvador/noticias/el-salvador-comparte-experiencia-y-
aportes-para-la-construccion-de-indicadores-globales-del-ods-16
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ejemplos)”. https://blog.hubspot.es/sales/manual-de-procedimientos-empresa
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gestión financiera pública en Colombia: evaluación externa.
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3723
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basado en desempeño. https://www.segib.org/wp-content/uploads/Tranformacion-
EyD2.pdf
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en ingresos por autogestión en Universidad Técnica de Ambato
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