Las garantías fundamentales en el Derecho Procesal Penal panameño
Fundamental guarantees in Panamanian Criminal Procedural Law
Luis G. Peñalba R.
Universidad de Panamá, Facultad de Derechos y Ciencias Políticas, Centro Regional Universitario de Coclé. Panamá.
luis-g.penalba@up.ac.pa, https://orcid.org/0009-0008-3552-4732
Recibido: 24/6/2024 - Aceptado: 11/8/2025
DOI https://doi.org/10.48204/j.guacamaya.v10n1.a8381
Resumen
Esta investigación se enfoca en un análisis de las garantías fundamentales en el Derecho Procesal Penal panameño, ya que se consagran como baluartes fundamentales que salvaguardan los derechos que dotan de equidad y de justicia a este sistema que se ha implementado con el propósito de asegurar la protección para el ejercicio pleno de la justicia, sin esto no se lograría el respeto y la eficacia jurídica. Esta investigación se realiza mediante un enfoque documental de tipo descriptivo, ya que se realiza un análisis de los datos bibliográficos con respecto al tema propuesto. La importancia de estas contenciones radica en aprender de la historia y de eventos pasados en los cuales el ejercicio ilimitado del poder estatal resultó en consecuencias trágicas. La prudencia al establecer límites al poder punitivo busca prevenir la repetición de abusos, asegurando que el sistema legal opere de manera justa y proporcional. Este análisis no solo se ha centrado en exponer la relevancia de las garantías fundamentales en el contexto panameño, sino también en resaltar su contribución al fortalecimiento de la confianza en el sistema judicial y a la consolidación de un Estado de Derecho robusto. En última instancia, la conjunción de una justicia efectiva y el respeto a los derechos humanos consolida el compromiso de Panamá con la edificación de una sociedad en la que impere la justicia equitativa y basada en el mando de la ley.
Palabras claves: Derecho a la justicia, justicia, procedimiento legal.
Abstract
In the context of Panamanian Criminal Procedural Law, fundamental guarantees represent the essential pillar that supports justice, equity and respect for individual rights throughout the judicial process. The Republic of Panama, committed to respecting human dignity and protecting its citizens, has established a robust legal framework that seeks to reconcile effectiveness in the prosecution of crimes with the preservation of constitutional rights. The discussion on fundamental guarantees in Panamanian Criminal Procedural Law covers a diverse spectrum of principles and regulations that protect the presumption of innocence, the right to a fair trial, personal integrity and other fundamental rights during the different phases of the criminal process. This approach, reflected in the Political Constitution of the Republic of Panama and developed in specific laws, guarantees that the State fulfills its duty to maintain public order without undermining individual freedoms. This analysis delves into the detailed examination of the fundamental guarantees in Panamanian Criminal Procedural Law, incorporating key elements discussed in this dialogue, such as the protection of constitutional guarantees and the writ of Habeas Corpus. Likewise, we will explore how these guarantees not only act as indispensable safeguards for those subjected to criminal proceedings, but also contribute to strengthening confidence in the judicial system and consolidating the rule of law in the Panamanian nation.
Keywords: right to justice, justice, legal procedure.
Introducción
En el contexto del Derecho Procesal Penal panameño, las garantías fundamentales representan el pilar esencial que sustenta la justicia, equidad y respeto a los derechos individuales en todo el proceso judicial. La República de Panamá, comprometida con el respeto a la dignidad humana y la protección de sus ciudadanos, ha establecido un marco legal robusto que busca conciliar la eficacia en la persecución de delitos con la preservación de los derechos constitucionales.
La discusión sobre las garantías fundamentales en el Derecho Procesal Penal panameño abarca un espectro diverso de principios y normativas que resguardan la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo, la integridad personal y otros derechos fundamentales durante las distintas fases del proceso penal. Este enfoque, reflejado en la Constitución Política de la República de Panamá y desarrollado en leyes específicas, garantiza que el Estado cumpla con su deber de mantener el orden público sin menoscabar las libertades individuales.
El presente análisis se sumerge en el examen detallado de las garantías fundamentales en el Derecho Procesal Penal panameño, incorporando elementos clave discutidos en este diálogo, como el amparo de garantías constitucionales y el recurso de Hábeas Corpus. Asimismo, se explora cómo estas garantías no solo actúan como salvaguardias indispensables para aquellos sometidos a procesos penales, sino que también contribuyen a fortalecer la confianza en el sistema judicial y a consolidar el Estado de Derecho en la nación panameña.
Desarrollo del trabajo
Las garantías procesales
Como ha subrayado Roxin (2003), citado por Dino (2006), “el derecho procesal penal es el sismógrafo de la Constitución política del Estado”. (p. 1027). Es común observar en los escritos jurídicos el uso de diversos términos, tales como “derechos fundamentales, derechos fundamentales procesales, derechos humanos, principios procesales, libertades públicas, garantías institucionales” (Caro, 2006, p. 1027), para hacer referencia, en términos generales, a un conjunto de garantías dentro del derecho procesal penal. Esta variedad de conceptos se emplea para describir aspectos esenciales del sistema legal que protegen los derechos individuales en el ámbito penal y que han sido consagrados en la Constitución.
Estos términos reflejan la diversidad y complejidad de las protecciones legales que rodean el proceso penal, incorporando tanto aspectos generales como específicos. La inclusión de conceptos como derechos fundamentales, derechos humanos, y principios procesales sugiere una comprensión integral de las salvaguardas necesarias para asegurar un juicio justo y respetar los derechos fundamentales de los individuos inmersos en el sistema penal.
Esta diversidad léxica no solo resalta la riqueza conceptual del campo legal, sino que también, destaca la importancia de abordar estos temas desde diversas perspectivas para capturar la complejidad de las garantías procesales penales. Al integrar un enfoque integral que incorpora estas distintas terminologías, se busca abarcar la amplitud y la profundidad de los derechos y protecciones involucradas en el ámbito jurídico penal, ofreciendo así un panorama completo y preciso de las garantías constitucionalizadas en este contexto.
Aunque no pretendemos realizar una distinción terminológica rigurosa entre los conceptos involucrados en este contexto, podemos abordar, en términos generales, la perspectiva de Guardia (1999, citado por Caro (2006), sostiene que:
Los derechos son las facultades que asisten al individuo para exigir el respeto o cumplimiento de todo cuanto se establece y reconoce en su favor en el ordenamiento jurídico vigente. Por su parte, las libertades abarcan un campo más amplio que el de los derechos, y su esencia es fundamentalmente política. Finalmente, las garantías son el amparo que establece la Constitución y que debe prestar el Estado para el efectivo reconocimiento y respeto de las libertades y derechos de la persona individual, de los grupos sociales, e incluso del aparato estatal, para su mejor actuación y desenvolvimiento (1027).
El autor señala que trascienden el ámbito individual y se convierten en elementos esenciales para el desenvolvimiento político de la sociedad, permitiendo la participación activa de los ciudadanos en la construcción y mantenimiento de un orden justo. Puello (2016), explica que las garantías presentan un escuso que los protege en cuanto a lo que se establece en la Constitución y a su vez es respaldado por el Estado, para que así sea materializado de manera efectiva, esto ayuda a que se salvaguarden los intereses no solo individuales, sino también sociales (p. 13).
Por su parte, Colomer (1996), Caro (2006), señala que “los derechos fundamentales procesales, entendidos en sentido amplio, incluye los reconocidos por la Constitución y que tienen aplicación en el proceso penal” (p. 1028). A partir de lo expuesto, resulta evidente que ya sea en el ámbito de los derechos fundamentales procesales, derechos humanos, libertades públicas o garantías institucionales, su observancia y respeto en el contexto del proceso penal se vuelven fundamentales para mantener la integridad de un Estado democrático y basado en el imperio de la ley. En este sentido, las garantías constitucionales del proceso penal abarcan un conjunto de principios, derechos y libertades fundamentales reconocidos tanto por la Constitución como, en un sentido más amplio, por los tratados internacionales. Estas garantías tienen como objetivo proporcionar al imputado un marco de seguridad jurídica y, en última instancia, lograr un equilibrio entre la búsqueda de la verdad material y los derechos fundamentales del imputado.
La imperiosa necesidad de que el Estado proteja y respete los derechos fundamentales del imputado impulsa la definición de estos límites en la Constitución, que actúa como la Ley Fundamental estableciendo condiciones mínimas para la actuación pública y privada. Dada la urgencia de garantizar estos derechos en el proceso penal, la tendencia se inclina hacia la incorporación en la Constitución de las normas básicas que regulan un debido proceso penal. En otras palabras, la Constitución, mediante un diseño procesal penal, se convierte en el marco normativo que delimita el ejercicio del poder estatal, asegurando así la protección y respeto de los derechos fundamentales en el ámbito procesal penal.
Garantías Fundamentales
· Derecho a la Defensa
El derecho a la defensa es un pilar fundamental en cualquier sistema legal que busca asegurar un proceso justo y equitativo. En Panamá este derecho está consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política, que establece que toda persona tiene derecho a la defensa en cualquier proceso en que esté involucrada. Este principio no solo garantiza el acceso a asesoramiento legal, sino que también subraya la importancia de que cada individuo pueda presentar y sostener su propia versión de los hechos, contribuyendo así a un juicio justo y equitativo.
· Presunción de Inocencia
La presunción de inocencia, como principio fundamental, resguarda la integridad de los individuos acusados hasta que se demuestre su culpabilidad de manera legal y fehaciente. En Panamá este derecho está consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política, el cual establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un proceso legal. Este artículo refleja el compromiso de la Constitución con la protección de los derechos individuales y el debido proceso.
· Derecho a un Juicio Justo
El derecho a un juicio justo es esencial para garantizar que los procesos judiciales se lleven a cabo de manera imparcial y equitativa. En la Constitución de Panamá este derecho se encuentra respaldado por el artículo 22, el cual establece que toda persona tiene derecho a un juicio público, oral, y con las debidas garantías. Este principio aboga por la transparencia y la equidad en los procedimientos judiciales, asegurando que todos los individuos sean tratados con justicia y respeto.
· Derecho a No Autoincriminación
El derecho a no autoincriminación protege a los individuos de ser forzados a declarar en su contra. En Panamá este derecho se encuentra consagrado en el artículo 25 de la Constitución Política, asegurando que nadie está en contra de su voluntad debe declarar en su contra o en contra de algún familiar o pareja, en lo que corresponde al cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad.
· Derecho a la Intimidad
Este tipo de derecho resguarda la esfera personal de los individuos contra intrusiones indebidas. En Panamá este derecho está respaldado por los artículos 26 y 29 de la Constitución, el cual establece que la intimidad del hogar y de la correspondencia son inviolables, salvo mandato de autoridad competente y con las formalidades legales.
· Derecho a Conocer los Cargos
El derecho a conocer los cargos implica que toda persona tiene el derecho de ser informada de los delitos que se le imputan. En Panamá este derecho está respaldado por el artículo 31 de la Constitución, que señala que ninguna persona puede ser juzgado, sino en virtud, de una ley preexistente que establezca las penas y los procedimientos.
· Derecho a un Recurso Judicial Efectivo
El derecho a un recurso judicial efectivo garantiza que las personas tengan acceso a instancias judiciales para impugnar decisiones que afecten sus derechos. En Panamá este derecho se encuentra protegido por el artículo 23 de la Constitución, que asegura el derecho de toda persona a recurrir a la justicia para la defensa de sus derechos e intereses.
· Inviolabilidad del Domicilio
La inviolabilidad del domicilio protege el espacio privado de las personas contra registros o allanamientos sin autorización legal. En la Constitución panameña, este derecho, está respaldado por el artículo 26, que establece que el hogar es inviolable y no puede ser allanado sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente.
· Principio de Legalidad
Este principio expone que en ninguna situación o acción se debe considerar delictiva, si no está debidamente establecida en ley. En Panamá este principio se encuentra consagrado en el artículo 31 de la Constitución, garantizando que nadie pueda ser sancionado sino en virtud de una ley preexistente que así lo establezca.
Estos derechos y principios constitucionales en Panamá reflejan el compromiso del país con la protección “de los derechos fundamentales y el establecimiento de un sistema judicial que salvaguarde la equidad, la justicia y el respeto a la dignidad humana” (Torres, 2022).
· Importancia de las Garantías Fundamentales
En una sociedad democrática, las garantías fundamentales ocupan un lugar central, actuando como baluartes que protegen la dignidad humana y limitan el poder estatal. Estos derechos, también conocidos como derechos humanos, son esenciales para la construcción de una comunidad justa, equitativa y respetuosa de la diversidad.
En primer lugar, las garantías fundamentales actúan como guardianes de la dignidad intrínseca de cada individuo. Reconocen que todos, independientemente de su origen o características, poseen un valor innato que merece respeto y protección. Al salvaguardar la dignidad humana, estas garantías establecen un cimiento ético sobre el cual se edifica una sociedad que valora y respeta a cada uno de sus miembros.
Un elemento crucial de estas garantías es su capacidad para limitar el poder del Estado. Actúan como un recordatorio constante de que el ejercicio del poder gubernamental debe ser transparente, justo y respetuoso de los derechos individuales. Al establecer límites claros, las garantías fundamentales previenen abusos de autoridad y aseguran que la maquinaria estatal sirva a los ciudadanos en lugar de someterlos.
La promoción de la igualdad y la no discriminación es otro pilar fundamental de estos derechos. En una sociedad justa, todos los individuos deben tener igualdad de oportunidades y acceso a recursos, independientemente de sus diferencias. Las garantías fundamentales, al asegurar la igualdad ante la ley, contribuyen a la construcción de un entorno en el cual la diversidad es celebrada y la discriminación rechazada.
Estos derechos también desempeñan un papel vital en el establecimiento y mantenimiento de un Estado de Derecho. Sirven como faros que guían la conducta de individuos y gobiernos, proporcionando un marco legal que asegura la previsibilidad, la estabilidad y la justicia en la sociedad. En un Estado de Derecho, la aplicación de normas y principios se realiza de manera imparcial, garantizando un equilibrio entre la autoridad y los derechos individuales.
La protección de la libertad y la autonomía personal es un componente esencial de las garantías fundamentales. Estos derechos permiten a las personas tomar decisiones sobre sus propias vidas, cuerpos y creencias, siempre y cuando no infrinjan los derechos de los demás. La libertad individual y la autonomía personal son los cimientos sobre los cuales se construyen vidas plenas y sociedades vibrantes.
En momentos de crisis, estas garantías mantienen su relevancia, al proporcionar un marco legal que se encarga de proteger los derechos de todas las personas. Establecen límites claros sobre las medidas que los gobiernos pueden tomar, incluso en situaciones de emergencia, asegurando que la respuesta a crisis no se traduzca en la erosión de derechos fundamentales.
En conclusión, las garantías fundamentales son los pilares que sustentan una sociedad democrática, protegen la dignidad humana, limitan el poder estatal, promueven la igualdad y la no discriminación, establecen un Estado de Derecho, y salvaguardan la libertad y autonomía personal. Estos derechos, al ser respetados y protegidos, contribuyen a la construcción de sociedades justas, inclusivas y basadas en principios éticos.
Amparo de Garantías
El amparo de garantías constitucionales es un recurso jurídico que otorga la Constitución a los ciudadanos para proteger sus derechos y libertades fundamentales cuando estos se ven amenazados o violados por actos de autoridades o entidades públicas. Este recurso busca corregir o prevenir acciones que contravengan los principios y garantías consagrados en la Constitución, asegurando así el respeto y la preservación de los derechos individuales en una sociedad democrática.
La normativa constitucional que establece el recurso de amparo de garantías constitucionales se encuentra delineada en el Artículo 54 de la Constitución Política de Panamá. Este artículo dispone que toda persona afectada por una orden emitida o ejecutada por cualquier servidor público, Ulises (2022), señala que “contravenga los derechos y garantías consagrados en la Constitución, tiene el derecho de solicitar la revocación de dicha orden, ya sea de manera personal o a través de terceros” (p. 2).
Habeas Corpus
Se constituye como una garantía que se encarga de regular principalmente los derechos fundamentales de toda persona, que es respaldado por el mandato constitucional.
Londoño (2019), expresa que:
El Hábeas Corpus constituye una garantía que regula los derechos fundamentales de un individuo, siendo una disposición respaldada por mandato constitucional. En otras palabras, cualquier persona privada de su libertad o que sienta amenazada su seguridad personal puede solicitar a un juez con jurisdicción en la zona correspondiente un mandamiento de Hábeas Corpus para que se restaure su libertad. Es crucial señalar que el Hábeas Corpus no representa un procedimiento en sí, sino un proceso legal; en términos legales, un proceso implica la recolección y evaluación de documentación escrita en cualquier causa civil o penal que contribuya a comprender y esclarecer los hechos. La finalidad de esta acción es garantizar la libertad de una persona, ya que la protección del derecho a la libertad corporal está consagrada en la Constitución (p. 1).
Mediante este recurso, el tribunal tiene la potestad de acoger de forma inmediata la solicitud y a su vez requerir el informe de la forma más breve en referencia a la legalidad o ilegalidad de lo que es la privación de la libertad, dado a que, si este proceso es ilegal, genera que la persona, aunque sea culpable, quedará en libertad de manera inmediata.
En el contexto de nuestra legislación, el artículo 23 de la Constitución Nacional establece que “todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben esta Constitución y la Ley será puesto en libertad a petición suya o de otra persona, mediante el recurso de Habeas Corpus” (Constitución Política de Panamá, 2004, p. 8). Mediante este artículo, se otorga la restitución de la libertad de la persona que ha sido detenido de manera injusta.
Además, el Capítulo I, del Título II, Libro Cuarto del Código Judicial, en su artículo 2574, señala que “todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben la Constitución y la Ley, por cualquier acto que emane de las autoridades, funcionarios o corporaciones públicas del órgano o rama que fuere, tiene derecho a un mandamiento de Hábeas Corpus” (Código Judicial de Panamá, 2019, p. 380).
En cuanto al procedimiento del Hábeas Corpus, según el Código Judicial Panameño, consta de dos fases: la interposición de la acción, donde el interesado formaliza la petición, y la sustanciación de la acción, que incluye la admisión de la demanda, la emisión del Mandamiento de Hábeas Corpus y, cuando sea necesario, una audiencia para resolver la solicitud, culminando con la emisión de la sentencia.
Importancia de las Garantías Fundamentales y sus Mecanismos
La salvaguarda y promoción de las garantías fundamentales son elementos esenciales en la sociedad en cimentada en justicia y democrática. Su existencia teórica no es suficiente; es la implementación y eficacia de los mecanismos de protección lo que garantiza que estos derechos sean más que meras declaraciones en papel. Examinar la importancia de estos mecanismos revela su papel esencial en la preservación de los principios fundamentales sobre los cuales se construye una sociedad democrática.
Estos mecanismos actúan como barreras esenciales contra el posible abuso de poder por parte del Estado. Establecen límites claros que aseguran que las autoridades gubernamentales respeten los derechos que tienen las personas. La existencia de procedimientos legales y recursos judiciales se convierte en un recordatorio constante de que ningún individuo, sin importar su posición, está por encima de la ley.
Un aspecto fundamental de estos mecanismos es su contribución a la garantía de un debido proceso legal. Aseguran que todos los individuos tengan la oportunidad de ser escuchados antes de que se tomen decisiones que afecten sus derechos. Este principio no solo refuerza la idea de justicia, sino que también protege a las personas contra decisiones arbitrarias y garantiza que todos sean tratados con imparcialidad y equidad.
La protección en situaciones de vulnerabilidad es otra dimensión crítica de estos mecanismos. Minorías étnicas, personas con discapacidades y otros grupos vulnerables a menudo enfrentan desafíos particulares. Los mecanismos de protección de garantías fundamentales actúan como defensores, asegurando que todos, independientemente de su situación, sean tratados con dignidad y respeto.
Cuando se producen violaciones de garantías fundamentales, estos mecanismos proporcionan vías para buscar reparación y compensación. No solo corrigiendo injusticias pasadas, sino también estableciendo un precedente importante que disuade contra futuros abusos. La existencia de consecuencias legales efectivas sirve como un fuerte incentivo para que las autoridades respeten los derechos de los ciudadanos.
La promoción de la transparencia y la rendición de cuentas es otro resultado crucial de estos mecanismos. Facilitan la supervisión independiente de las acciones gubernamentales, asegurando que el poder se ejerza de manera responsable y de conformidad con los principios democráticos. Esto no solo fortalece la confianza en las instituciones, sino que también contribuye a una gobernanza más efectiva.
La prevención de la discriminación y la injusticia es un objetivo central de estos mecanismos. Al garantizar la igualdad ante la ley y proteger contra la discriminación, contribuyen a la construcción de sociedades más justas e inclusivas. Actúan como guardianes contra la perpetuación de desigualdades históricas y fomentan un ambiente donde la diversidad es celebrada.
En última instancia, estos mecanismos no solo protegen derechos individuales, sino que construyen una cultura arraigada en el respeto a los derechos humanos. Su existencia y eficacia son un reflejo del compromiso de una sociedad con la justicia, la libertad y la dignidad humana. En resumen, los mecanismos de protección de garantías fundamentales son los pilares que sustentan una sociedad justa, libre y democrática. Su importancia radica no solo en su existencia, sino en su implementación efectiva para asegurar que los principios fundamentales sean una realidad para todos los ciudadanos.
Materiales y Métodos
La investigación se llevó a cabo utilizando una metodología de tipo documental bibliográfica, enfocada en recopilar y examinar información proveniente de fuentes previamente publicadas. Este enfoque Bilbao y Escobar (2020) que posibilita el desarrollo de una base teórica robusta, al apoyarse en conocimientos ya establecidos por especialistas y entidades reconocidas.
Para ello, se revisaron diversos materiales como libros académicos, artículos científicos, trabajos de grado, normas legales y contenido digital especializado. Las fuentes fueron seleccionadas por su relevancia directa con el tema en estudio, recurriendo a bibliotecas, plataformas académicas y sitios institucionales confiables.
El contenido recopilado fue sometido a un análisis reflexivo, permitiendo comparar perspectivas, identificar puntos comunes y diferencias entre autores, y destacar áreas poco exploradas. Esta metodología resultó apropiada por el carácter conceptual del trabajo, el cual no requiere la aplicación de encuestas ni entrevistas, sino una interpretación profunda del saber existente.
Resultados y Discusión
De manera general, las garantías pueden ser interpretadas como conexiones adecuadas que el sistema legal establece para garantizar la aplicación efectiva de los derechos fundamentales.
Este mismo enfoque, Martínez (2022), compartía un extracto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha expresado en alguna ocasión que:
El respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, lo cual vale para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder, en razón de su carácter oficial, respecto de las demás personas. Es, así, ilícita, toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. Esto es aún más importante cuando el Estado ejerce su poder sancionatorio, pues este no solo presupone la actuación de las autoridades con un total apego al orden jurídico, sino implica además la concesión de las garantías mínimas del debido proceso a todas las personas que se encuentran sujetas a su jurisdicción, bajo las exigencias establecidas en la Convención En un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio del poder punitivo en el que se manifiesta, con máxima fuerza, una de las más graves e intensas funciones del Estado frente a los seres humanos: la represión (p. 2).
Estas restricciones al ejercicio del poder punitivo estatal operan de manera dual al establecer límites tanto en la definición de lo que constituye un delito, conocidas como restricciones "sustantivas", como en la manera de investigar y juzgar presuntas infracciones, denominadas restricciones "procesales". Su relevancia se fundamenta, en parte, en un contexto histórico que aconseja la prudencia al autorizar el uso del poder más contundente que poseen los Estados. Este llamado a la precaución se intensifica al considerar los episodios trágicos que han ocurrido cuando dicho poder carecer de límites.
Para profundizar, las restricciones sustantivas implican definir claramente qué acciones constituyen un delito, estableciendo criterios precisos para evitar interpretaciones excesivamente amplias que puedan conducir a la criminalización injusta. Por otro lado, las restricciones procesales buscan garantizar que la investigación y el juicio se lleven a cabo de manera justa, equitativa y respetuosa de los derechos fundamentales, evitando así abusos o arbitrariedades durante el proceso penal.
En el delicado equilibrio entre el respeto a las garantías individuales y la imperativa necesidad de perseguir delitos, surge un dilema intrincado que subraya la complejidad de incorporar valores fundamentales, especialmente la libertad individual, en los cálculos de costo-beneficio. Este desafío no solo plantea interrogantes sobre la cuantificación de un concepto tan intangible como la libertad, sino que también evidencia las tensiones inherentes entre los principios éticos y las metas pragmáticas.
La libertad, siendo un pilar fundamental de la existencia humana, se revela como un valor difícil de traducir en términos cuantificables. La naturaleza abstracta e intangible de este principio esencial plantea un desafío al intentar integrarlo en análisis de costo-beneficio, tradicionalmente centrados en aspectos tangibles y medibles. ¿Cómo se mide la pérdida o ganancia de la libertad individual en una ecuación numérica? ¿Cómo se sopesan sus beneficios y costos frente a otros objetivos más cuantificables?
En este contexto, el choque entre el respeto a las garantías individuales y la necesidad de combatir la delincuencia revela una dualidad de intereses contrapuestos. Por un lado, el respeto a las garantías protege la esencia misma de la libertad y los derechos fundamentales, aspectos inalienables de la condición humana. Por otro lado, la persecución de delitos busca salvaguardar la seguridad pública, generando un equilibrio delicado que requiere una cuidadosa consideración de los valores fundamentales frente a las demandas prácticas de la sociedad.
La incertidumbre inherente a las situaciones legales y criminales complica aún más el panorama. Las variables incontrolables y las incógnitas en juego dificultan la predicción precisa de las consecuencias de las decisiones legales, especialmente en lo que respecta a la preservación de la libertad individual. La complejidad y la fluidez de estas situaciones plantean interrogantes sobre la capacidad de realizar cálculos de costo-beneficio que capturen la complejidad de la realidad jurídica.
Además, la libertad individual, al ser un valor que conlleva connotaciones éticas y morales profundas, despierta la necesidad de abordar no solo los aspectos prácticos y utilitarios, sino también los principios éticos que guían las decisiones legales. ¿Cómo ponderamos los imperativos éticos frente a los objetivos pragmáticos en la balanza de la justicia y la seguridad?
La diversidad de perspectivas en la sociedad añade otra capa de complejidad a este debate. La percepción de los costos y beneficios asociados con la libertad individual varía significativamente entre diferentes sectores y personas. Este pluralismo de opiniones dificulta aún más la búsqueda de un consenso universal sobre la valoración precisa de la libertad en el contexto legal.
En última instancia, el dilema entre el respeto a las garantías y la persecución de delitos exige una reflexión profunda y una consideración cuidadosa de estos factores entrelazados. La deliberación ética, la contemplación de contextos específicos y la participación activa de diversas voces en el proceso decisional son cruciales para encontrar un equilibrio que respete los derechos fundamentales mientras aborda con eficacia las inquietudes de seguridad y justicia en la sociedad.
Este análisis revela que el camino hacia un equilibrio justo entre la libertad individual y la persecución de delitos es complejo, pero esencial para construir un sistema legal que refleje genuinamente los valores de una sociedad democrática y justa.
En resumen, este análisis destaca la necesidad de fundamentar decisiones y normas jurídicas no solo en el derecho positivo o en argumentos de autoridad, sino también en la evaluación de las consecuencias prácticas que buscan generar y evitar. Al aplicar este enfoque al ámbito de las garantías penales, se resalta su importancia ética e histórica para limitar el ejercicio del poder punitivo estatal.
Se argumenta que las garantías penales actúan como salvaguardas esenciales al establecer límites tanto en la definición de delitos como en la forma de investigar y juzgar presuntas infracciones. Estos límites buscan prevenir la arbitrariedad y el abuso del poder punitivo estatal, así como proteger a individuos inocentes de posibles perjuicios.
La reflexión sobre el equilibrio entre el respeto de las garantías y la necesidad de perseguir delitos destaca la dificultad de incluir valores fundamentales, como la libertad individual, en cálculos de costo-beneficio. Se concluye que la prioridad debería ser el respeto de las garantías, ya que la afectación de un inocente se considera más grave que otras posibles consecuencias.
Se rechazan propuestas que buscan reducir ciertas garantías penales en aras de una persecución más eficaz de delitos, argumentando que estas propuestas tienden a expandirse más allá de su alcance original y no han demostrado ser eficaces en sus objetivos.
En todo el análisis, se subraya la importancia de considerar los "riesgos" y "errores" asociados con el ejercicio del poder punitivo. Se aconseja proceder con prudencia al utilizar este poder para resolver conflictos, incluso cuando se encuentra dentro de los límites establecidos, y se sugiere explorar alternativas más reflexivas en lugar de buscar la aplicación ilimitada del poder punitivo estatal.
Conclusión
En la confluencia entre la preservación del orden social y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, las garantías en el derecho procesal penal panameño se revelan como baluartes fundamentales. A lo largo de esta exploración, hemos evidenciado cómo estas salvaguardias, arraigadas en la Constitución y reguladas por leyes específicas, dotan de equidad y justicia al sistema judicial.
La protección de la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y la integridad personal, entre otras garantías, actúa como contrapeso necesario ante la intervención del Estado en la persecución de conductas delictivas. La existencia de mecanismos como el amparo de garantías constitucionales y el recurso de Hábeas Corpus demuestra un compromiso palpable con la defensa de los derechos individuales, incluso en el escenario más desafiante de un proceso penal.
Este análisis no solo se ha centrado en exponer la relevancia de las garantías fundamentales en el contexto panameño, sino también en resaltar su contribución al fortalecimiento de la confianza en el sistema judicial y a la consolidación de un Estado de Derecho robusto. En última instancia, la conjunción de una justicia efectiva y el respeto a los derechos humanos consolida el compromiso de Panamá con la edificación de una sociedad en la que impere la justicia equitativa y basada en el mando de la ley.
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