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Centroamérica no llega a la revolución digital desde una posición de igualdad: arrastra décadas de desigualdad estructural, institucionalidad frágil y una de las brechas digitales más pronunciadas del continente. Este artículo sostiene que incorporar tecnologías emergentes a la gestión pública sin un marco que oriente éticamente su diseño no constituye una apuesta segura hacia la modernización, sino un riesgo de amplificar injusticias preexistentes. El objetivo es argumentar que la digitalización del Estado solo alcanzará legitimidad y sostenibilidad si se subordina a una arquitectura ética que atraviese el diseño de los sistemas, la cultura institucional y las competencias del servicio civil. A partir de una revisión documental y comparativa de literatura académica e informes regionales producidos entre 2000 y 2026, el análisis recorre tres dimensiones: la exclusión social que provoca la digitalización sin orientación valorativa; los riesgos de una gobernanza de datos sin contrapesos, donde la opacidad algorítmica habilita nuevas formas de corrupción tecno-burocrática; y la formación del funcionariado como condición de sostenibilidad. La evidencia de Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua revela avances desiguales, vacíos regulatorios persistentes y brechas que afectan sobre todo a las poblaciones rurales e indígenas. Se concluye que la ética no es el capítulo final de la agenda digital centroamericana, sino su punto de partida y su criterio de legitimidad democrática.
