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Esta investigación, de corte documental y exploratorio, se propuso entender un fenómeno que crece más rápido que las leyes: los delitos financieros digitales en Panamá entre 2020 y 2025. El objetivo fue mirar más allá de las cifras, detenerse en las definiciones que la doctrina y los informes técnicos ofrecen, y ponerlas en diálogo con la realidad que viven instituciones, empresas y ciudadanos en el espacio digital. El estudio se apoyó en un enfoque cualitativo y reflexivo. Se revisaron leyes nacionales, informes internacionales, artículos académicos y registros de incidentes cibernéticos. Más que buscar una verdad definitiva, se trató de comprender cómo interactúan las dimensiones tecnológicas, legales y sociales en la expansión del cibercrimen. Los resultados muestran un crecimiento sostenido de ataques como el ransomware, el phishing y los fraudes en línea. También revelan un desfase
preocupante, mientras la tecnología avanza exponencialmente, la respuesta penal se mueve a ritmo lento. Sin embargo, la promulgación de la Ley 478 de 2025 y la inminente adhesión al Convenio de Budapest marca un paso firme hacia una persecución más efectiva del delito digital. En conclusión, el país avanza, pero todavía queda mucho por afinar. Es urgente fortalecer la norma penal, formar especialistas en el sistema judicial y, sobre todo, repensar el equilibrio entre vigilancia y privacidad. Porque cada avance tecnológico, sin ética ni control, corre el riesgo de convertirse en una nueva forma de vulnerabilidad humana.
