Toda persona viva, tiene derecho a accesar a toda la información personal que este contenida en bases de datos o registros públicos y/o privados, y además podrá solicitar la rectificación de dichos datos, así como la protección de estos, o bien la supresión de conformidad a lo previsto en la Ley.

De esta manera, la información considerada como “personal” solamente podrá ser recogida para fines específicos, siempre que medie el consentimiento del titular de la información o por disposición de autoridad competente ello con sustente en la Ley.

Lo anterior, quiere decir, que la protección de datos es una garantía fundamental a la que tiene derecho toda persona, y que tal información no puede ser divulgada de manera libre, sino que esta tiene una serie de restricciones o limitaciones legales, y que la vulneración de dichos derechos, conlleva la aplicación de sanciones por parte de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, entidad que debe resolver las peticiones, quejas y denuncias que se promuevan por la violación por parte del responsable del tratamiento de los datos personales e imponer las correspondientes sanciones.

De esta manera, en la investigación se realiza un análisis de la Ley No. 81 de 26 de marzo de 2019, “Sobre la Protección de Datos” y del Decreto Ejecutivo No. 285 de 28 de mayo de 2021 “Que reglamenta la Ley 81 de 2019, sobre Protección de Datos Personales”, siendo estas las normas que regulan la materia de la protección de datos personales.