La Ley 462 de 2025, que modificó la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social en Panamá, provocó movilizaciones sociales en las que el movimiento magisterial desempeñó un papel destacado. El gobierno argumentó que la ley era una solución financiera, mientras que el sector docente consideró que afectaba el principio de solidaridad del sistema de pensiones, ya debilitado desde las reformas de 2005. El movimiento magisterial expresó su rechazo a la Ley 462 debido a su enfoque en la capitalización individual y al cambio en el modelo de financiamiento de pensiones, señalando que esto podría incrementar la incertidumbre respecto a las pensiones y debilitar la solidaridad intergeneracional del sistema de seguridad social. Las protestas se centraron en la defensa de los derechos y las expectativas de una vida digna tanto para el magisterio como de la población panameña. Aunque la ley no modificó inmediatamente la edad ni los regímenes existentes, el nuevo cálculo implicaría una reducción significativa en el monto de las pensiones, lo que generó una actitud de reserva ante las reformas propuestas por el gobierno y el sector empresarial.