Todo el análisis aquí presentado, una vez que se toma en cuenta su naturaleza y contenido, es una pieza que busca poner en práctica todo un andamiaje jurídico cuyo objetivo último es convertir todas las viviendas en simples mercancías. Este enfoque se entrelaza con un intento de utilizar la palanca impositiva con el fin de asegurar cambios en el uso de los suelos que faciliten la captación de una mayor renta de la tierra por parte de los sectores económicamente dominantes del país, a la vez que favorecen los intereses de las grandes empresas multinacionales.

La población tiene que entender que para conservar sus viviendas y evitar ser expropiadas, por una política de acumulación por desposesión, deben de movilizarse efectivamente para defender su derecho humano a una vivienda digna. El hecho de que el gobierno haya suspendido su aplicación no significa que haya declinado sus intenciones. Debemos exigir, como primer paso, la derogación total y definitiva del Decreto 130.

El impulso al que ha dado la resistencia de la población al Decreto 130 debe ser aprovechado para que los panameños y panameñas adelantemos una contraofensiva, la cual transforme todo el actual andamiaje jurídico que nos perjudica, con el fin de lograr que se respete el derecho de todos y todas a gozar del derecho humano a una vivienda digna, así como el derecho a la ciudad, es decir a tener una voz en las decisiones relativas a la definición de tipo de ciudad que debemos desarrollar.