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En diversas ocasiones, ha sido cuestionada la severidad del ordenamiento jurídico panameño. Sin embargo, tales críticas resuenan con voz estridente cuando albergan temas fiscales, sociedades anónimas, transparencia y cooperación internacional en el intercambio de información, por ejemplo. Tales cuestionamientos son determinantes para que organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), valore nuestro desempeño y proponga recomendaciones.
De ello hemos tenido consecuencias que afectan nuestra reputación y el desarrollo del sector económico y financiero; lo que conlleva a que tengamos que realizar ajustes que hacen más robusta la legislación en torno a determinadas actividades, entre la que se encuentra, como era de esperar, la del agente residente como una cara visible en lo que a sociedades anónimas se refiere.
Es nuestro objetivo ofrecer un breve recuento de la construcción de esta figura, partiendo de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927, sobre sociedades anónimas hasta la Ley 254 de 11 de noviembre de 2021 con importantes adecuaciones en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
