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La realidad panameña que se plantea en la presente investigación puede resultar muy similar a la que atraviesan algunos países latinoamericanos, que no cuentan con una tutela judicial efectiva de sus derechos sociales. Desde una perspectiva crítica, se analiza la falta de tutela judicial efectiva de los derechos sociales protegidos por la constitución panameña, y los recursos constitucionales con que cuenta el Estado, protectores de derechos individuales, para luego fundamentar la importancia de la implementación de acciones constitucionales como el amparo, que atienda a la tutela de derechos individuales homogéneos o colectivos, como son los derechos sociales. Es necesario se definan estándares mínimos y máximos, aplicables a los derechos sociales, sin dejar a la discrecionalidad de un poder ejecutivo y legislativo los criterios de protección.
Es necesario flexibilizar el alcance de la acción de Amparo, a través de una construcción jurisprudencial, que tutele colectivamente, los derechos sociales en Panamá.
