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El gobierno y la justicia digitales son pilares fundamentales de las iniciativas de sociedades inteligentes. Por este motivo, una gran cantidad de recursos económicos quedan destinados a modernizar los servicios estatales, con el fin de agilizar la gestión pública. Adicional a la inversión económica, la digitalización también requiere de una reforma a nivel jurídico.
Panamá no escapa a esta realidad, y desde mediados de la década de los noventa, nuestro país ha invertido en la infraestructura necesaria a fin de utilizar tecnologías de la información y comunicación en la prestación de servicios. A partir del año 2000 se han llevado a cabo múltiples reformas legales para adaptar conjuntamente la administración estatal y de justicia a esta nueva realidad. Este artículo analiza la experiencia de Panamá en comparación desde la perspectiva del derecho comparado.
