La crisis socioeconómica de los últimos años ha impactado profundamente la educación universitaria en Panamá, debilitando tanto la calidad de la enseñanza como el acceso de estudiantes y docentes a recursos necesarios. A pesar de avances como la implementación de herramientas tecnológicas y modalidades híbridas, persisten desafíos significativos, como la falta de infraestructura adecuada, presupuestos insuficientes y un sistema educativo que no fomenta suficientemente el pensamiento crítico ni responde a las necesidades laborales actuales. La crisis ha provocado el abandono de estudios por parte de muchos jóvenes y ha puesto en evidencia la dificultad de los docentes para adaptarse a nuevos enfoques pedagógicos, especialmente aquellos basados en la tecnología. Las universidades públicas han sido las más afectadas económicamente, limitando su capacidad de garantizar una formación de calidad. Aunque Panamá cuenta con un marco legal para asegurar la calidad educativa (Ley 52 de 2015 que Crea el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior Universitaria), estos mecanismos no han logrado mitigar los efectos de la crisis. Además, el mercado laboral no está preparado para absorber a los egresados universitarios, quienes enfrentan dificultades para encontrar empleos bien remunerados. A pesar del aumento en la matrícula y la obtención de grados avanzados, la educación superior panameña enfrenta una alta responsabilidad social en un contexto de incertidumbre, donde invertir en educación sigue siendo fundamental para el desarrollo sostenible y competitivo del país.