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El presente artículo se centra en la dinámica de la conflictividad social en Panamá durante el primer año de gobierno del presidente José Raúl Mulino, abarcando el período comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025. Mediante un análisis sistemático de los conflictos sociales reportados en las ediciones digitales de los principales periódicos del país, este estudio busca reflexionar sobre la articulación entre las condiciones estructurales de malestar preexistentes y la implementación de reformas neoliberales regresivas. Se examina cómo cuatro sucesos específicos —la Ley 462 (que reformó el sistema de pensiones), un acuerdo bilateral con los Estados Unidos, la reapertura de la mina Cobre Panamá y la construcción de reservorios para el canal interoceánico— sirvieron como catalizadores de un descontento social latente. La convergencia de estos factores dio lugar a la emergencia de un movimiento de protesta multisectorial que trascendió las demandas inmediatas para articular reivindicaciones históricas en torno a la soberanía nacional, la justicia social y la redistribución equitativa de la riqueza. El análisis concluye que la respuesta del Estado a este fenómeno no solo intensificó la fractura social, sino que también puso en evidencia una crisis de gobernabilidad.
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