La investigación aborda la importancia de la protección de datos de los bienes patrimoniales estatales.  Conviene mencionar que, para los países desarrollados, es un factor clave para salvaguardar los activos financiados con recursos públicos. En este contexto, el cibercrimen a la información de dichos bienes evidencia la urgencia de integrar un modelo robusto de protección de datos, como parte fundamental de la gestión patrimonial. La Contraloría General de la República de Panamá, conforme al Decreto Núm. 220-2014-DMySC del 25 de julio de 2014, publicado en la Gaceta Oficial Núm.27646 del 20 de octubre de 2014, adoptan las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) en la República de Panamá.  Asimismo, mediante el Decreto Núm.01-2017-DNMySC de 3 de enero de 2017, aprueba el Manual General de Contabilidad Gubernamental basado en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) - Versión II, publicado en la Gaceta Oficial No.28,198-A de 17 de noviembre de 2017. La implementación de las NICSP por parte de las entidades del sector público en Panamá es un proceso que requiere tiempo, recursos y compromiso de todas las partes involucradas. La adaptabilidad y la cooperación son esenciales para garantizar que se logren los objetivos de estandarización en el registro, transparencia, rendición de cuentas y buena gestión para la presentación de sus estados financieros, alineándose con las mejores prácticas internacionales.De acuerdo con el documento Instituciones del Sector Público, Panamá cuenta con 96 instituciones estatales que administran bienes patrimoniales. Este estudio analizó una muestra representativa de estas instituciones con el objetivo de evaluar un marco de seguridad para proteger la información patrimonial. Los resultados revelaron que el 66% de las instituciones evaluadas carecen de un plan integral de protección de datos en la gestión de sus bienes patrimoniales.