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En la presente investigación realizaremos un análisis dogmático, normativo y jurisprudencial sobre el instrumento jurídico de revocatoria de los actos administrativos en la legislación panameña, el cual tiene su génesis con la implementación de la Ley 38 de 2000, que aprueba el estatuto orgánico de la procuraduría de la administración, regula el procedimiento administrativo general y dicta disposiciones especiales, la cual entro en vigencia el 1 de marzo de 2001 brindándole a la administración pública, la potestad legal mediante está figura jurídica, de revocar de oficio sus propios actos de conformidad a los supuestos establecidos en el artículo 62 de la ley objeto de estudio. Es importante señalar que en el hecho de que la administración pública no ponga en práctica esta figura jurídica, la misma puede ser requerida o solicitada por un tercero interesado dentro del proceso administrativo. La revocatoria del acto administrativo tiene como principal objetivo convalidar y rectificar las actuaciones de la administración pública siempre y cuando se enmarquen en los supuestos jurídicos establecidos en la propia ley; por consiguiente, la herramienta legal en mención tiene un carácter restrictivo, ya que debe estar motivada, fundamentada y ser respetuosa de los principios de buena fe y seguridad jurídica propios de un Estado de derecho.
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