Desde su concepción la seguridad es considerada como un bien público, debido a que su razón es la de solventar los llamados fallos de mercado en el acceso a la salud y a las pensiones por vejez. Por esta razón la Caja del Seguro Social debe ser siempre concebida como una entidad pública y en que su manejo debe estar alejado de cualquier intento de privatización total o parcial. Por tal razón en la coyuntura actual debe darse un total rechazo al actual proyecto de ley 163, dado que desde su exposición de motivos viola este principio universal.
La seguridad social atraviesa por una serie de problemas estructurales y coyunturales que requieren de políticas de corto y largo plazo para garantizar la transición a un esquema de pensiones sostenibles sobre la base de la solidaridad intergeneracional por un lado y hacer una gestión eficiente de la prestación de servicios de salud de cobertura universal, sobre la base de la coordinación entre la Caja de Seguro Social y del Ministerio de Salud, para acabar con la brecha social en salud.
Es indispensable trabajar en una nueva legislación que deje en claro los ámbitos de acción de ambas entidades, hacia una salud universal en adición a unir las reservas del sistema mixto y del sistema de beneficio exclusivo definido, y que sea este último sistema el que prevalezca, en que se tiene una tasa de reemplazo definida y donde la transición intergeneracional sea la base de la solidaridad del sistema de pensiones.
