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El artículo argumenta que bajo el gobierno de José Raúl Mulino la represión aumentó en Panamá tras la aprobación de la Ley 462, mostrando un patrón de criminalización de la protesta, vulneración de derechos y ataques a comunidades indígenas, sindicales y docentes, que evidencian una deriva autoritaria y la necesidad de investigaciones independientes y mayores mecanismos de participación democrática.
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