Copyright (c) 2025 Scientific journal T & E
Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Este ensayo analiza críticamente los alcances reales de la autonomía escolar en las instituciones educativas oficiales del distrito de Santa Marta (Colombia), en el marco de la descentralización educativa promovida por el Ministerio de educación nacional como una política del Estado. Aunque el ordenamiento jurídico reconoce a las escuelas la facultad de autogestionar sus procesos pedagógicos, administrativos y de evaluación, en la práctica esta autonomía se ve profundamente restringida. Esta tensión constituye lo que aquí se denomina la paradoja de la autonomía escolar: un derecho reconocido que no se ejerce con efectividad en contextos vulnerables.
Desde un enfoque argumentativo sustentado en revisión documental, normativa y análisis de contexto, se exponen seis argumentos que explican esta contradicción. Primero, la evaluación institucional suele limitarse al diligenciamiento formal de formatos, sin seguimiento ni apropiación metodológica. Segundo, las dinámicas familiares y socioeconómicas afectan la participación efectiva de padres y estudiantes en los procesos institucionales. Tercero, se identifica una debilidad estructural en la cultura institucional participativa, lo que impide el desarrollo de procesos colectivos de evaluación y mejora. En cuarto lugar, se observa una desconexión entre los planes de mejoramiento, el PEI y las acciones cotidianas de la escuela. Quinto, las instituciones operan en medio de inestabilidad política, recambio administrativo y problemas de gobernanza educativa que fragmentan su capacidad de planificación. Finalmente, se advierte la ausencia de modelos de evaluación escolar contextualizados y flexibles, adecuados a las condiciones reales de los establecimientos educativos públicos.
El análisis concluye que la autonomía escolar, en lugar de ser una herramienta de transformación, ha sido vaciada de contenido por las tensiones entre el discurso normativo, las condiciones institucionales y las prácticas escolares. Para superar esta paradoja, se propone reorientar la evaluación institucional como una práctica ética, pedagógica y contextualizada, que convoque a los actores educativos a una reflexión crítica y colectiva en torno a la mejora escolar desde el territorio.
