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El presente estudio analizó los mecanismos contencioso-administrativos como vía legal de protección de los derechos fundamentales frente al poder público en Panamá. Su objetivo general fue examinar el proceso contencioso-administrativo como instrumento jurídico de control frente a actos u omisiones de la administración pública que pudieran vulnerar derechos humanos, tomando como base la Constitución, la Ley 135 de 1943, la Ley 38 de 2000 y los tratados internacionales ratificados por el Estado panameño. La investigación empleó una metodología de enfoque mixto, combinando análisis normativo y documental con una encuesta aplicada a 70 participantes (20 servidores públicos y 50 abogados litigantes de la región de Azuero). Como principal hallazgo, se determinó que, aunque el marco normativo panameño contempla un proceso adecuado para impugnar actos administrativos lesivos, su efectividad práctica se ve limitada por factores como la complejidad de los trámites, la lentitud del sistema y la desinformación ciudadana. Se concluyó que, si bien el proceso contencioso-administrativo cumple una función clave en la garantía de los derechos fundamentales, su fortalecimiento requiere medidas como la capacitación institucional, la simplificación del procedimiento y la creación de unidades especializadas. De esta forma, se promovería una tutela judicial más efectiva, coherente con los estándares internacionales de derechos humanos y con el principio de supremacía constitucional. Esta investigación aporta evidencia empírica y reflexiones teóricas relevantes para optimizar el acceso a la justicia administrativa y garantizar los derechos fundamentales en el contexto panameño contemporáneo.
