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Este artículo aborda la importancia de una política criminal efectiva, para gestionar la delincuencia y garantizar la seguridad pública en la sociedad panameña. A través de una revisión crítica de las estrategias contemporáneas, se exploran las dimensiones teóricas y prácticas que sustentan las políticas públicas en este ámbito, haciendo énfasis en la necesidad de un enfoque multidimensional que combine prevención y represión. Además, se analizan experiencias internacionales y su aplicabilidad al contexto panameño, teniendo en cuenta los desafíos y las oportunidades para implementar políticas criminales que se adapten a las necesidades sociales del país.
La evolución de la política criminal en Panamá ha sido significativa, especialmente, desde la reforma del sistema penal en el 2008, que introdujo principios garantistas y un enfoque más humano en la administración de la justicia. La Ley 63 de 2008 trajo consigo cambios en el Código Penal y Procesal Penal, incorporando derechos humanos establecidos en convenios internacionales. Estos cambios transformaron el sistema inquisitivo hacia uno más equitativo y acorde con la realidad social panameña.
El artículo también subraya la necesidad de una inversión considerable en los recursos humanos y tecnológicos, así como de fomentar la colaboración entre el sistema de justicia penal, las instituciones gubernamentales y la sociedad civil. Solo mediante un esfuerzo conjunto se podrá avanzar hacia la creación de un entorno más seguro y justo. Llegamos a la conclusión que una política criminal efectiva debe equilibrar los enfoques de prevención, represión y rehabilitación, y estar adaptada a las particularidades socioeconómicas y culturales de Panamá.
