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Esta investigación analizó los reclamos laborales de los servidores públicos ante la Jurisdicción de la Función Pública, a partir de sus antecedentes históricos, su marco legal y los desafíos contemporáneos que enfrentaron tanto los funcionarios como las instituciones de justicia administrativa. En diversos países de América Latina —como México, Colombia, Chile y Argentina—, la administración pública fue escenario de tensiones entre la estabilidad laboral y las medidas disciplinarias o de reorganización institucional. Mediante el examen de normas, jurisprudencia y doctrina, se identificaron problemáticas claves relacionadas con el acceso efectivo a la justicia, los límites del debido proceso y las garantías fundamentales en los procedimientos administrativos sancionadores. Asimismo, se abordaron retos actuales como la digitalización de los procesos, la independencia de los tribunales administrativos y la protección de derechos en contextos de crisis económica o reformas estatales. Metodológicamente, se trató de una investigación de tipo documental basada en una rigurosa revisión de la literatura publicada entre los años 2020 y 2025, consultada a través de bases de datos como Google Académico, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), utilizando como criterios de inclusión los términos: ética laboral, debido proceso y gobernanza. Los resultados evidenciaron que, si bien el Tribunal Administrativo de la Función Pública en Panamá constituyó un mecanismo especializado para la protección de los derechos laborales, persistieron limitaciones normativas y procedimentales que mermaron la eficacia de la tutela judicial, lo que hizo necesaria una reforma inspirada en las mejores prácticas internacionales en la materia.
